MÉXICO, 15 de febrero (PL).— La perversa relación que con frecuencia suele establecerse en México entre los poderes económico, político y judicial, fue denunciada hoy en esta capital por el periódico La Jornada.

La acusación está contenida en un editorial referido al escándalo destapado por la publicación ayer, en el propio matutino, de una nota en la que se demuestra el envilecimiento del ejercicio de gobierno y la procuración de justicia en el estado de Puebla.

Allí, subraya el diario, un empresario inescrupuloso, Kamel Nacif, el "rey de la mezclilla", en componenda con el gobernador Mario Marín y otros personajes más, tramó una intriga para encarcelar a la periodista Lydia Cacho, quien lo menciona en un libro sobre una red de pederastas.

Resulta verdaderamente triste que un gobernador use su poder para favorecer a un amigo, y más aún si con ese favor pretendía dañar a una profesional intachable cuya única falta fue denunciar la impunidad de las redes de prostitución infantil, subraya.

El dramatismo de este caso, puntualiza, debería servir para que la sociedad en su conjunto, perjudicada por esas relaciones perversas, exija el fin de los vínculos ilegítimos entre los poderes económico, político y judicial.

Los textos de las grabaciones telefónicas entre Marín, Nacif y otros funcionarios gubernamentales difundidos ayer por La Jornada provocaron una inmediata reacción entre partidos políticos y legisladores, que exigieron la renuncia del gobernador poblano.

Sin embargo, este último rehusó comentar el hecho y se limitó a afirmar que no lee "chismes, porque tengo cosas más importantes que hacer".

Las revelaciones del diario sobre la conjura contra Cacho parecieron confirmar, además, la percepción de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, que expresó su preocupación "por los reiterados ataques contra periodistas" que han ocurrido en los últimos meses en el país.