MADRID, 13 de febrero (PL). — La Audiencia Nacional notificó hoy a la familia de José Couso, el camarógrafo español muerto en Iraq por tropas de Estados Unidos, que fue denegada la petición de la justicia española de interrogar a sus asesinos.

El joven camarógrafo fue fulminado por la dotación de un tanque conducido por el sargento Thomas Gibson; el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, de la Tercera División de Infantería Acorazada del ejército estadounidense.

Los soldados dispararon con pleno conocimiento de causa contra la ventana del Hotel Palestina de Bagdad desde donde Couso y otros periodistas filmaban y reportaban la invasión militar.

Su mamá María Isabel Permuy tuvo la desagradable experiencia de verlo morir casualmente mientras veía un noticiero de TV en Madrid porque él y sus amigos filmaron gran parte del proceso.

El departamento de Justicia respondió así a la Comisión Rogatoria enviada en junio de 2005 por el titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, en la que pedía tomar declaración a los tres soldados en suelo estadounidense.

En su respuesta, las autoridades judiciales rechazan la jurisdicción española e insisten en una de las versiones dadas por el ejército estadounidense para justificar el asesinato de Couso y eludir saldar cuentas con la justicia hispana.

Aseguran que fue en respuesta al fuego enemigo, como determinó unilateralmente en un informe el Estado Mayor del ejército estadounidense que dirigía la invasión de Iraq, aún cuando los periodistas que estaban en el hotel han desmentido esa falacia.

La negativa supone un incumplimiento claro del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal y justifica la decisión de Pedraz de emitir una orden de busca y captura internacional contra Gibson, Wolford y de Camp, para su extradición a España.

Dicha orden fue emitida a mediados del pasado mes de octubre después que el magistrado español constatara la nula cooperación de las autoridades estadounidenses para esclarecer la muerte de Couso.

El interrogatorio de los tres militares era una de las diligencias cuya práctica había solicitado la familia en la querella presentada ante la Audiencia Nacional a finales de mayo de 2003.