El presidente George W. Bush será hoy el principal protagonista de uno de los más teatrales rituales políticos que anualmente celebra el gobierno de Estados Unidos: el Discurso sobre el Estado de la Unión.

Cuando esta noche aparezca el gobernante en el Congreso, los legisladores lo saludarán con un cronometrado aplauso prolongado. Luego el jerarca de la Casa Blanca cumplirá con el guión, y distribuirá abrazos y exagerados apretones de manos.

Finalmente W. Bush marchará hasta el podio, y una vez instalado junto al vicepresidente Richard Cheney, se percatará del comienzo de la parte difícil de la ceremonia: consolar al apesadumbrado público estadounidense.

Desde el zócalo, el estadista observará la alfombra roja que separa a Republicanos y Demócratas en la sede del Senado, y quizás —por asociación espontánea— recuerde la multitud de problemas que ha desgastado a su gobierno durante el último año.

Voceros del Ejecutivo adelantaron que Bush pronunciará "un discurso optimista sobre la Unión".

Según el anuncio, el Presidente prevé centrarse en dos temas bastante polémicos: la democracia en el exterior y la prosperidad en Estados Unidos.

Se supone que el primer mandatario analice además el desarrollo de la guerra en Iraq —donde murieron hasta hoy unos dos mil 250 soldados del Tío Sam— la dependencia norteamericana del petróleo extranjero, y la creación de puestos laborales.

Pero como los temas de la salud pública, la austeridad presupuestaria y la inmigración ilegal no podrán quedar fuera, analistas coinciden en que se tratará de una conferencia bien extensa y variopinta.

Bush no olvida a las encuestas que hablan de dos tercios de norteamericanos que perdieron la fe en su Presidente, están descontentos con la dirección del país o pesimistas sobre el futuro de la nación.

El último sondeo realizado por The Washington Post y la cadena de televisión ABC, reflejó que el Jefe de Estado tiene el más bajo nivel de aprobación (42 por ciento) entre los Presidentes al inicio del sexto año de poder.

Comentaristas aseveran que el escándalo del ex cabildero Jack Abramoff por tráfico de influencias en el Congreso, en el que están implicados varios asesores del Partido Republicano, es una muy dura prueba para la popularidad de la administración federal.

El ex mediador se declaró culpable de tres delitos. Admitió haber cometido fraude por decenas de millones de dólares contra tribus indígenas, sobornado a funcionarios del gobierno, y haber evadido numerosos impuestos.

A raíz de este caso, uno de los mayores episodios fraudulentos de la historia nacional, legisladores confirmaron la redacción en el Congreso de un proyecto para modificar los procedimientos y el sistema de cabildeo.

Las reformas adelantadas en ambas cámaras parlamentarias contienen, entre otras regulaciones, una interdicción precisa para que congresistas no puedan aceptar viajes, comidas u obsequios de los cabilderos.

El gobierno de Bush rehusó difundir detalles de sus presuntos nexos con el corrupto confeso y ex intercesor de Washington, decano del fraude financiero en Estados Unidos.

Se conoce que Abramoff mantuvo una serie de reuniones con funcionarios cercanos a la Casa Blanca, comentó el portavoz Scott McClellan. "Pero no vamos a iniciar ahora una expedición pesquera", agregó el vocero.

No obstante, el senador Harry Reid y otros tres demócratas exhortaron públicamente al Presidente a explicar ante la ciudadanía las razones de los contactos personales del acusado con funcionarios federales.

El pueblo de Estados Unidos necesita estar seguro de que la Casa Blanca no está a la venta, subrayaron Reid y otros legisladores de la oposición partidista.