WASHINGTON, 17 de enero (PL).— Organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos emplazaron hoy ante la Justicia al programa de espionaje doméstico del presidente George W. Bush, con la intención de ponerle fin.

Las querellas fueron presentadas por la Unión Norteamericana por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), ambas dirigidas a suprimir de inmediato las actividades de monitoreo al margen de la ley.

ACLU acusó ante una corte de distrito en Michigan a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), en nombre de periodistas, abogados, académicos y miembros de organizaciones no lucrativas con comunicaciones telefónicas y por e-mails con ciudadanos en Medio Oriente.

El recurso interpuesto por ACLU, que también emplaza al director de la NSA, teniente general Keith Alexander, exige que sea calificado de ilegal el programa de espionaje autorizado por Bush.

Simultáneamente, el CCR presentó su denuncia en una corte federal de distrito en Manhattan, Nueva York, como tributo al asesinado líder de los derechos civiles Martin Luther King, cuya fecha de nacimiento fue conmemorada este lunes.

"Nos entristece que la vigilancia ilegal que una vez tuvo como objetivo a este gran estadounidense se haya vuelto característica del actual gobierno", dijo el director legal del CCR, Bill Goodman, en alusión al espionaje telefónico de que fue objeto Luther King en los años 60.

La actividad ilegal se parapeta detrás de la seguridad nacional cuando en realidad es un intento de la Administración Bush de ejercer un poder ilimitado sin la interferencia de otros poderes, afirmó Goodman.

Este martes el diario The New York Times destacó que la mayoría de las actividades de espionaje conducidas por el gobierno contra los ciudadanos, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron aplicadas a personas inocentes.

Precisó que esas acciones resultaron "improductivas" y condujeron a la policía federal a callejones sin salida o a estadounidenses inocentes.

Funcionarios citados por el rotativo aseguran que las llamadas telefónicas y los mensajes electrónicos interceptados generaron un volumen de información que abruma al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

The New York Times menciona, incluso, al director del FBI, Robert Mueller, quien cuestionó la legalidad del programa de escuchas sin orden judicial pero no fue tomado en consideración por las máximas instancias del gobierno.

El escándalo de espionaje lo desató en días recientes el mismo periódico, al revelar que la NSA supervisó las comunicaciones personales de miles de ciudadanos en este país.

Para ello no contó con orden judicial alguna, pero si con el visto bueno de una directiva emitida por Bush en 2002.