BERNA,
9 de enero (PL).— El
escándalo sobre las cárceles secretas de la CIA en Europa se
renovó hoy tras publicar el diario SonntagsBlick que los servicios
secretos suizos interceptaron un documento sobre la existencia de
esas prisiones en Europa.
Según el rotativo, las autoridades
suizas recibieron información el pasado 15 de noviembre de la
central de escucha de su Ministerio de Defensa en Zimmerwald, al sur
de esta capital, sobre la detención de 23 supuestos terroristas
iraquíes en Rumania.
Los servicios secretos interceptaron
un mensaje entre la embajada egipcia en Londres y el Ministerio de
Asuntos Exteriores en el Cairo, en el cual se reflejaba que esos
prisioneros se encontraban para ser interrogados en la base aérea
rumana Mihail Kogalniceanu.
Precisamente, esa instalación figura
entre las que pasarán a manos estadounidenses, según un nuevo
convenio entre Estados Unidos y Rumania.
De acuerdo con el texto, la Agencia
Central de Inteligencia norteamericana también disponía de centros
carcelarios similares en Ucrania, Kosovo, Macedonia y Bulgaria.
El periódico suizo considera que ese
fax es una evidencia más sobre las acostumbradas prácticas del
gobierno estadounidense de secuestrar, torturar y esconder a
sospechosos de su proclamada guerra antiterrorista.
También cuestiona por su proceder a
las autoridades suizas, quienes hasta el momento guardan silencio
sobre las revelaciones de SonntagsBlick.
La existencia de ese tipo de
prisiones salió a la luz por el diario británico The Guardián en
septiembre pasado, pero en noviembre el periódico estadounidense
The Washington Post ofreció más detalles al respecto.
Tras el nuevo revuelo armado sobre
las prisiones secretas de la CIA, el diputado suizo y encargado por
la Comisión Europea (CE) de investigar la presencia de esas
cárceles en este continente, Dick Martin, afirmó que ese fax
sería otra prueba de lo que ya se sospecha.
Con anterioridad, Martin declaró que
si en realidad hay estados europeos involucrados en esas violaciones
de los derechos humanos, estos deben ser sancionados.
Mientras, los gobiernos rumanos y
búlgaros reiteraron su negativa sobre la existencia de esos centros
de detención clandestinos en su territorio.