LA PAZ, 28 de diciembre (PL).
— El futuro presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su
salario junto al de ministros, viceministros y legisladores,
disminuirá en un 50 por ciento, con lo cual insiste hoy en cambiar
el modelo económico imperante.
"Esta es una Revolución
democrática y vamos a responder ante el pueblo boliviano, porque se
trata de compartir la situación económica del país entre
todos", declaró tras una reunión con miembros del Movimiento
al Socialismo (MAS) que él lidera.
Con ese ahorro, Morales propuso
beneficiar áreas necesitadas como Educación, iniciativa que
confirma su proyecto político de priorizar la redistribución de
las riquezas en esta nación andina.
El próximo gobernante se
comprometió también a impulsar una Revolución cultural que
implique cambios en todos los sectores, un nuevo sistema de
seguridad social y planes eficaces de seguridad ciudadana.
Propone, además, iniciativas contra la impunidad y la corrupción, y
para eliminar el latifundio.
Con mayoría absoluta en las
elecciones presidenciales, Morales encabezará el primer gobierno
indígena en la historia contemporánea de América Latina.
Analistas destacan como puntos
favorables a su futura gestión, la legitimidad política con que
llegó al poder, el apoyo de los movimientos sociales más
importantes del país y el estado actual de la economía,
prácticamente saneada.
Advirtió que el MAS será inflexible
en la fiscalización para impedir mecanismos engañosos que
propicien aumentos ilegales en los haberes.
Estos anuncios, previos a la
ceremonia oficial de trasmisión del mando el 22 de enero próximo,
aportan una visión clara de las pretensiones del futuro gobernante
durante su gestión, estiman observadores internacionales.
Además de proclamar un cambio en el
modelo económico neoliberal existente en Bolivia, Morales hizo
pública su intención de eliminar toda ayuda foránea, que implique
injerencismo en cuestiones nacionales.
En este sentido adelantó que el
nuevo gobierno declinará el auxilio económico de Estados Unidos
condicionado a la lucha antidrogas.
Añadió que si por esa razón
Washington retira su asistencia —que este año bordeó los 90
millones de dólares— su país acudirá a otras fuentes como la
Unión Europea, China, Japón y otras naciones dispuestas a dar
respaldo sin exigencias.