BERNA, 20 de diciembre (PL). — Suiza exigió hoy una respuesta oficial de Estados Unidos sobre los vuelos de aviones al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), realizados en este país para trasladar a sospechosos de terrorismo.

De acuerdo con fuentes del gobierno, el secretario helvético de Estado, Michael Ambuehl, se reunió recientemente con la embajadora norteamericana aquí, Pitzer Willeford, para tratar el asunto de las escalas de esas naves aéreas.

Sin embargo, medios de prensa destacan que esas conversaciones fueron informales y, por ello, el gobierno demanda una aclaración oficial por parte de Washington sobre ese asunto.

Una comisión parlamentaria desea conocer los datos en poder del ejecutivo federal y la posible implicación de organizaciones públicas y los servicios de inteligencia en el tránsito de aparatos de la CIA por esta nación.

El Ministerio de Aviación Civil confirmó que al menos un avión fletado por el órgano de espionaje estadounidense cruzó 19 veces el espacio aéreo de este país europeo, aunque afirmó que desconoce si llevaba a bordo a prisioneros.

Los desplazamientos efectuados por esa aeronave, entre principios de 2003 y el 17 de febrero pasado, contaban con la autorización de un organismo público suizo.

El último de esos vuelos fue entre la base aérea norteamericana en la ciudad alemana de Ramstein y la situada en la localidad italiana de Aviana, el mismo día en que la CIA secuestró en Milán al imán Abu Omar, considerado como un dirigente de la red Al Qaeda.

La prensa local estima que ese vuelo de ida y vuelta el mismo día fue utilizado para trasladar a Omar, aunque el Ministerio de Aviación Civil afirma que desconoce quien viajaba a bordo del avión.

El gobierno helvético dispuso a partir de ese hecho que todos los vuelos en el territorio federal deben recibir una autorización, la cual confirme que de ninguna forma violan las normas de protección de los derechos humanos.

La Unión Europea mostró preocupación por esos vuelos, luego que versiones de prensa se refirieron a las torturas a las que fueron sometidos los detenidos por la CIA y a la posible existencia de cárceles secretas en Rumania y Polonia.

Bucarest y Varsovia rechazaron las versiones de la instalación en sus territorios de campos de concentración para los referidos prisioneros.