SANTIAGO DE CHILE, 19 de octubre (PL).—
En un crucial fallo, la Corte Suprema desaforó hoy al ex dictador
Augusto Pinochet para ser juzgado por tres de los cinco capítulos
establecidos en el proceso de las cuentas secretas en el banco
Riggs.
La decisión, adoptada por
unanimidad, permitirá al juez Jorge Zepeda —sustituto provisional
de Sergio Muñoz— interrogar y eventualmente procesar al ex
gobernante por evasión tributaria, uso malicioso de instrumento
público y la declaración jurada en 1989 mal habida.
Los magistrados del máximo tribunal
rechazaron, en cambio, el capítulo respecto al embargo
internacional que dictó sobre sus bienes el juez español Baltasar
Garzón, en 1998, durante su detención en Londres.
La resolución alude a la causa por
fraude tributario, en que están procesados su esposa Lucía
Hiriart, su hijo Marco Antonio Pinochet, su secretaria Mónica
Ananías y su ex albacea Oscar Aitken.
A ello se suma el episodio por la
falsificación de declaración jurada de bienes ante notario,
realizada por Pinochet el 19 de octubre de 1989, y además el uso de
pasaportes adulterados, entre ellos, la utilización de membrete de
la Subsecretaría de Guerra.
El juez Sergio Muñoz dejó ayer
atrás este caso para asumir como nuevo integrante de la Corte
Suprema, pero antes de partir solicitó un nuevo desafuero contra el
ex dictador, esta vez por malversación de fondos reservados de la
Casa Militar durante su régimen.
Este antecedente sumado a la
decisión de hoy configura un negro panorama para la defensa de
Pinochet, que ha insistido en que su fortuna —estimada en más de
27 millones de dólares— fue obtenida sobre la base de ahorro,
intereses y donaciones privadas.
El caso Riggs comenzó a mediados del
año pasado cuando el Senado norteamericano divulgó la existencia
de cuentas ocultas del ex general en el banco Riggs, de Estados
Unidos.
La noticia golpeó con fuerza en el
país y el juez Muñoz asumió este caso y abrió varias líneas de
investigación que apuntan a otras numerosas cuentas en el
extranjero (más de 120), así como empresas fantasmas utilizadas
para esconder sus operaciones.
En sus pesquisas quedó virtualmente
demostrado que el origen de los más de 27 millones de dólares de
fortuna podría haber surgido de la compra, venta y contrabando de
armas y las comisiones que obtuvo como resultado de esas
operaciones.
La mayor parte de esos fondos fueron
obtenidos después de entregar el poder en 1990, período en que
Chile hizo millonarias compras de armas, según explicó el
magistrado en una reunión reciente con todas las partes
involucradas en el proceso.
María Teresa Muñoz, abogada del
Consejo de Defensa del Estado, dijo que el origen de la fortuna
"podrían ser fondos reservados y otros que tienen que ver con
negocios importantes que realizaron el Ejército y las Fuerzas
Armadas".
"Hemos encontrado numerosos
depósitos en cuentas de Pinochet y en sociedades relacionadas que
provienen de fábricas de armamento", indicó la jurista, que
actúa como querellante.
Según la procuradora, Pinochet usó
dineros fiscales depositados por ex jefes de la Casa Militar y por
ex secretarios privados. Los uniformados habrían transferido fondos
de la Presidencia a sus cuentas por más de 300 mil dólares, según
Muñoz.