SANTIAGO DE CHILE, 22 de septiembre (PL).— El ex dictador Augusto Pinochet aprobó el contrabando de armas a Croacia en 1991 cuando aún era comandante en jefe del Ejército chileno, declaró hoy un general en retiro a un juez que investiga el caso.

Carlos Krumm, ex director de Logística en la época que estalló el escándalo, inculpó directamente a Pinochet ante el magistrado Claudio Pavez como el superior que, a principios de los 90, dio la orden para llevar a cabo la operación ilícita.

El general (r), quien había sido absuelto por el juez militar que investigó el tráfico ilegal de armas a la ex república de Yugoslavia, testificó ante Pavez, encargado ahora de reabrir el caso para esclarecer la muerte del coronel Gerardo Huber, ligado al episodio.

Según el diario La Nación, que cita fuentes cercanas al proceso, el ex alto jefe castrense adujo que sólo obedeció órdenes, lo cual fue interpretado como una forma de atenuar su responsabilidad en los hechos, que salió a la luz pública a finales de 1991.

Esta es la primera vez que un subordinado de Pinochet lo relaciona directamente con el contrabando, declaración que cobra especial importancia para establecer los motivos que tuvieron los asesinos de Huber, cuyo cadáver apareció en el lecho de un río en febrero de 1992.

Las aseveraciones de Krumm a Pavez ratifican, por otra parte, declaraciones previas del capitán (R) del Ejército, Pedro Araya, uno de los tres condenados por el tráfico de armas a Croacia.

Este aseguró al magistrado que —meses antes a la operación comercial— hubo varias reuniones del alto mando para coordinar los lugares desde donde se sacarían las armas que se venderían.

La revelación de Araya en el proceso que lleva Pavez permitió que la Corte de Apelaciones de San Miguel lo designara como ministro en visita, debido a que en el caso armas —que fue tramitado por la justicia militar— sólo fueron condenados oficiales de bajo rango.

Fuentes judiciales destacan que las declaraciones van a servir de poderoso argumento para que la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, pueda pedir la reapertura del proceso cuando el próximo martes se realicen los alegatos en la Corte Marcial.

En el caso fueron condenados el sargento (R) Ramón Pérez, a 540 días por el delito de fraude aduanero, y el ex oficial de la Fuerza Aérea Patricio Pérez, a cinco años de presidio, pero los altos jefes militares involucrados fueron absueltos.

Huber trabajaba de comprador en la Fábrica y Maestranza del Ejército (FAMAE) y como tal participó en un embarque ilegal de armas vendidas por esa institución castrense a rebeldes croatas que luchaban por separarse de la antigua Yugoslavia.

El escándalo estalló el 29 de noviembre de 1991 cuando se conoció que las autoridades húngaras incautaron en Budapest un avión con un cargamento de 11 toneladas de armas provenientes de Chile y cuyo destino era Croacia.

El armamento fue caratulado como "ayuda humanitaria" y había sido autorizado para salir del país originalmente con destino a Sri Lanka por medio de una carta redactada en las oficinas de FAMAE con una firma falsa.