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Estados Unidos secuestra una Cumbre
JOAQUÍN RIVERY TUR
Cualquiera
que esperara otra cosa del documento aprobado por un grupo de
países para que sirva de base de discusión al recién iniciado
periodo 60 de sesiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
ha estado completamente equivocado.
Del reporte de unas 40
páginas, ningún país subdesarrollado podía esperar nada bueno,
teniendo enfrente a un Gobierno de Estados Unidos completamente
dedicado a implantar el dominio imperial y a un grupo de países que
lo obedecen por alianza, conveniencia o presión.
Así, el periodo 60 de
sesiones de la Asamblea General de la ONU comenzó con el augurio de
que las naciones industrializadas van a usar cualquier método, por
sucio que sea, para reforzar sus planes de convertir a la ONU en
franco instrumento de dominio sobre el planeta.
Inicialmente, esta
reunión cumbre fue convocada para realizar un balance de las Metas
del Milenio, objetivos que se trazaron en la Asamblea General en el
año 2000 y cuya finalidad era la de reducir la pobreza global en un
50% para el 2015, algo imposible debido a que los países
industrializados no desean comprometerse de verdad. El documento no
le hace caso a esta intención —el desarrollo—, que es el
problema fundamental de la humanidad hoy día.
La negociación no fue
abierta, primer síntoma de falta de democracia. Quedó en un equipo
de representantes de algo más de 30 países, entre los cuales
reinó desde el primer momento la división, por la diferencia de
enfoques entre los ricos y los pobres, entre los agresores y los
posibles agredidos, y al final fue aprobado por una mayoría
presionada, con las reservas de Cuba y Venezuela.
El hecho de que el tema
del desarrollo fuera marginado y los ricos lograran imponer aspectos
como la reforma de la ONU —y en ella una serie de pretensiones que
dejarían en mala posición a los subdesarrollados en caso de
aprobarse—, marcó un secuestro de la Cumbre, a la que asisten
decenas y decenas de líderes de todas partes del mundo.
Es preciso señalar que
hubo fuerte oposición por parte de los representantes del Grupo de
los 77 y el Movimiento de Países No Alineados y lograron eludir los
aspectos más peligrosos, pero los gobiernos del llamado Primer
Mundo impusieron la eliminación de numerosos acápites reclamados
por la parte pobre del planeta.
En el documento, por
ejemplo, se propone la creación de una Comisión para la
Construcción de la Paz que no establece número de miembros, pero
se indica que habrá representación de los que más contribuyan
con tropas y dinero, y ¿a quién podría favorecer semejante
premisa? A Estados Unidos y al G-7.
La Comisión de Derechos
Humanos, con sede en Ginebra, se plantea convertirla en un Consejo,
sobre el cual no se dice nada más en un texto diluido, pero se sabe
que las intenciones de Washington son reducir todo lo posible el
número de miembros —se hace más manejable y presionable— y
reforzar la institución en un instrumento para condenar a países
subdesarrollados cuando los del Norte consideren que hay violaciones
de los derechos humanos. Es abiertamente unidireccional.
El documento insta a
fortalecer la oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, a la que se duplicaría el presupuesto en los próximos
cinco años, contrariamente a lo que sucede con otras entidades que
forman parte del sistema de la ONU, a las cuales se reducirían las
asignaciones de recursos.
Washington impidió que
se recogieran sustancialmente en el documento, la ayuda al
desarrollo, el tema del medio ambiente, y aun se opuso a la mención
de las Metas del Milenio y a la inclusión del Tribunal Penal
Internacional, bajo cuya jurisdicción podrían caer sus soldados
cuando cometen delitos atroces como los comprobados en Iraq,
Afganistán y el territorio ilegalmente ocupado de la base naval de
Guantánamo, donde hoy se desarrolla una huelga de hambre masiva
entre los presos sin acusación hace ya varios años.
Los países ricos
presionan para un convenio sobre terrorismo internacional, antes de
que concluya el periodo de sesiones de la Asamblea General, el
próximo año, y, de hecho, ya Rusia y Estados Unidos firmaron un
acuerdo del Consejo de Seguridad en el que se insta a los países a
promulgar leyes que prohíban la incitación al terrorismo y
fortalezcan las políticas para prevenir conflictos.
Washington y sus aliados
rehúyen, sin embargo, definir qué cosa es terrorismo para evitar
que acciones contra civiles como en las agresiones a Yugoslavia,
Afganistán e Iraq sean incluidas en este concepto, y, sin embargo,
impidieron que se incluyera el sagrado derecho de los pueblos a la
resistencia armada a una invasión y que se dijera que los ataques a
civiles no pueden estar justificados.
Sobre el desarrollo,
punto clave en la prioridad de los países pobres, solo se hizo el
reconocimiento de que la movilización de recursos financieros es
fundamental para luchar contra la pobreza. Y no más compromisos. Ni
hablar de la ayuda oficial al desarrollo.
Abelardo Moreno,
vicecanciller cubano, criticó párrafos del acápite sobre
responsabilidad de proteger poblaciones del genocidio, crímenes de
guerra, limpiezas étnicas y crímenes contra la humanidad y
derechos humanos, porque el planteamiento sería un mecanismo de
intervención de los poderosos en los países subdesarrollados y
porque, además, "las posiciones que se adoptan en estos párrafos
en nada garantizan que se puedan evitar los dobles raseros, la
politización y la selectividad que han caracterizado hasta ahora a
los órganos de derechos humanos de esta organización", agregó.
El documento que sirve
como base a la Cumbre de la ONU iniciada el miércoles fue producto
de irregularidades, falta de transparencia en las negociaciones y
profusión de presiones norteamericanas para eliminar puntos
concretos que podrían beneficiar a toda la humanidad, sobre todo a
aquella parte que padece hambre, ignorancia y falta de salud. |