SANTIAGO DE CHILE, 14 de septiembre (PL).— Mientras el Senado se apresta a ratificar hoy la designación del juez Sergio Muñoz para integrar la Corte Suprema, el ex dictador Augusto Pinochet respira feliz: el proceso por el caso Riggs fue descabezado.

Pese a que el Gobierno aseguró que la investigación en los tribunales chilenos contra Pinochet no será afectada, no cabe dudas de que la decisión le da un respiro al ex militar y acentúa la sospecha sobre el Ejecutivo.

Muñoz, quien, con 48 años de edad, sería el juez más joven que integra el máximo tribunal chileno, estaba a punto de procesar al ex gobernante por delitos tributarios y otras acciones ilícitas, incluidas sus millonarias cuentas secretas en el exterior.

El magistrado ya había embargado sus bienes y hace poco más de dos semanas procesó, y dispuso la detención de Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet, esposa e hijo menor del octogenario ex militar, como cómplices en estos delitos.

Abogados de derechos humanos y amplios sectores políticos no ocultan su sorpresa por la rápida elección que hizo el presidente Ricardo Lagos y la aún más veloz aprobación que recibió en el Senado de legisladores de la extrema derecha, ex aliados del dictador.

Muñoz deberá dejar el caso en un momento clave de la investigación, que lleva a cabo desde agosto de 2004 para determinar el origen de la fabulosa fortuna descubierta a Pinochet, la cual, según estimados, supera los 28 millones de dólares.

La gran incertidumbre ahora para abogados querellantes, defensores de derechos humanos y sectores políticos opuestos a la impunidad que propugna el Gobierno es quién será el magistrado que lo reemplazará en la Corte y cómo afectará el proceso.

Fuentes judiciales afirman que es difícil de predecir, pues por la lista de subrogantes (sustitutos) le correspondería al juez Jorge Zepeda, pero como este está a cargo de Colonia Dignidad es improbable su designación y no se vislumbra otro con perfil similar a Muñoz.

"Desde cierto punto de vista no conviene, porque alguien que conoce los procesos es mejor que los termine", admitió el senador derechista Hernán Larraín, tras señalar su esperanza de que el Poder Judicial resuelva bien esa materia.

Pero las mayores dudas, sospechas e incertidumbres vinieron de los tribunales.

El abogado Eduardo Contreras, destacado jurista en casos de derechos humanos, adjudicó la decisión de Lagos a "una maniobra de La Moneda para poner fin al caso Riggs".

En la misma línea, la abogada Carmen Hertz, una de las querellantes en el proceso, confía en que la decisión del Mandatario no tenga el carácter político de querer tapar los crímenes de Pinochet.

"Espero que así sea. No quiero especular, porque creo que este país está harto de maniobras, cuyo objetivo incluye limitar la acción de la justicia, maniobras que buscan consagrar impunidades de personas con poder", recalcó.

Como profesional, nadie escatima los méritos del magistrado para integrar el máximo tribunal del país, que dada su edad se puede convertir en el juez que más tiempo permanecerá en la Corte (la membresía termina con la jubilación a los 75).

Desde que en 1999 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ha acumulado calificativos que resaltan su agilidad y dureza, pero también críticas por algunas actuaciones.

Con una calificación histórica de "sobresaliente", Muñoz consiguió en tres años lo que otros no han logrado en 17: aclarar el homicidio de Tucapel Jiménez y desentrañar la plana mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército.