RÍO DE JANEIRO, 16 de agosto (PL).— La oposición brasileña admitió la imposibilidad de avanzar en su propósito de destituir al presidente Luiz Inacio Lula da Silva, debido a su alto respaldo popular, pero arreció su lenguaje arrogante y agresivo.

El tema fue considerado en una reunión de líderes de los partidos Frente Liberal (PFL), de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Verde (PV), Democrático Trabalhista (PDT) y una fracción del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Fue una mezcla de tendencias de derecha, centro y hasta algunos que se denominan de izquierda con el objetivo de aunar y fortalecer posiciones ante la crisis política impulsada desde hace tres meses por algunas de esas fuerzas a partir de denuncias de corrupción.

Los políticos admitieron que no es posible —aunque al menos una parte de ellos lo quiere— iniciar un proceso de "impeachment" (impedimento) de Lula porque no hay pruebas de implicación suya en las irregularidades denunciadas y tal paso no tiene respaldo popular.

Sin embargo, la posibilidad fue postergada, no abandonada, como expresó el líder del PSDB en el Senado, Arthur Virgilio: "No es tabú. No la pedimos ahora por la falta de esos requisitos".

A la vez, la prepotencia se puso de manifiesto en declaraciones como la del senador Tasso Jereissati (PSDB), que planteó un virtual reemplazo del Ejecutivo: "El gobierno está perdiendo la autoridad, y los partidos y líderes del Congreso tienen que administrar la crisis y ocupar el espacio de poder".

El diputado Fernando Gabeira (PV), que se llama de izquierda y asume las posiciones de la derecha afirmó: "El gobierno acabó y tenemos que ver cómo no dejar al país naufragar en este año y medio que falta (de mandato de Lula)".

Los ímpetus opositores se renovaron después de que el jueves el publicitario Duda Mendonca, encargado de la campaña electoral de Lula, afirmó haber abierto una cuenta en Bahamas para recibir el equivalente a cuatro millones de dólares por deudas de esa gestión.

Pero, además de la falta de pruebas y del apoyo popular a Lula, en las últimas horas una andanada de declaraciones rechazó cualquier posibilidad de interrupción del proceso democrático, salvo que surgieran hechos graves contra el mandatario, lo cual se duda.

Los pronunciamientos los formularon tres prelados en nombre de la Conferencia Nacional de Obispos, directivos de entidades empresariales y bancarias y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Renán Calheiros y Severino Cavalcanti.

También se manifestaron contra un proceso de destitución el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Edson Vidigal, y el ex presidente del Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, quien condujo el proceso que puso fin al mandato de Fernando Collor.

En aquella ocasión, dijo, "las denuncias recaían directamente sobre el Presidente. Además de eso, había una gran indignación popular por la confiscación del ahorro. Ahora, apenas se sospecha que el Presidente puede saber de irregularidades en el financiamiento de su campaña o en la obtención de recursos".

Hay otros elementos que también frenan a la oposición: si se destituye a Lula por ilegalidad en su elección, esto también alcanzaría al vicepresidente José Alencar, y por ende no podría reemplazarlo.

El siguiente en la línea de sucesión sería el controvertido presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, a quien nadie quiere ver en la primera magistratura.

Asimismo, se valora que el "impeachment" tendría que aprobarlo la Cámara de Diputados, muy desprestigiada por las denuncias de corrupción que afectan a muchos de sus miembros.

También pesa una encuesta que el viernes señaló por primera vez la posibilidad de que el alcalde de Sao Paulo, José Serra, del PSDB, venza a Lula en segunda vuelta en las presidenciales del 2006.