WASHINGTON, 15 de agosto (PL).— Revelaciones sobre las posiciones contra el medio ambiente del juez John Roberts, nominado a la Corte Suprema de Justicia, provocan hoy duras críticas de diversos sectores en Estados Unidos.

Según documentos desclasificados, el magistrado ofreció en una ocasión a la Asociación Nacional de Mineros (NMA, por sus siglas en inglés) consejos gratuitos sobre cómo intervenir en los casos judiciales de otros.

Luego la NMA lo contrató para argumentar contra una agrupación que intentaba impedir que unas compañías de mineros de carbón cortaran las cimas de unas montañas de West Virginia.

En 1990, Roberts persuadió al Tribunal Supremo a que anulara un fallo de una corte inferior en una demanda planteada por la Federación Nacional de la Flora y la Fauna en contra de unas operaciones mineras en los estados de Wyoming y Arizona.

Roberts "antepone los intereses económicos a los de la salud pública, los de agencias ejecutivas a los del Congreso, y los del secreto a los del derecho del público a enterarse", aseguró Carl Pope, director ejecutivo del Sierra Club, un grupo ecologista.

Para Pope, el magistrado acostumbra a dar a los hechos un sesgo que beneficia a las personas influyentes.

La bancada demócrata en el Congreso exige la desclasificación de documentos sobre el trabajo del abogado, nominado por el presidente George W. Bush en sustitución de la renunciante jueza Sandra Day O'Connor.

Ocho legisladores liberales solicitaron en una carta al secretario de Justicia, Alberto Gonzales, que revise la negativa de su departamento a divulgar los casos manejados por Roberts entre 1989 y 1993.

En esos años, el abogado trabajó en la oficina encargada de dirigir los litigios que involucran al gobierno ante el Tribunal Supremo.

Desde que Bush anunció a Roberts como su candidato al máximo órgano de justicia del país, comenzó una batalla entre conservadores y liberales por su ratificación.

Los demócratas amenazan con retrasar el inicio de las audiencias de confirmación si hay demora en facilitar el acceso de los legisladores a la documentación.

También siete senadoras liberales, creadoras en julio pasado de una página web sobre el proceso de ratificación, esperan que Roberts responda a más de 15 mil preguntas sobre una amplia gama de temas sociales.