TOKIO, 2 de agosto (PL).
            — El gobierno japonés presentó hoy el Libro Blanco de Defensa
            2005, cuya clave es desarrollar junto a Estados Unidos el polémico
            Escudo Antimisiles y dar mayor poder y autonomía a las Fuerzas de
            Autodefensa (FAD).
            El libro se basa en la Ley de
            Programación Militar, aprobada en diciembre por el primer ministro
            Junichiro Koizumi, la que —en opinión de diversos sectores—
            viola el carácter pacifista de la Constitución y conduce al país
            hacia el militarismo.
            Uno de los objetivos prioritarios de
            la doctrina de defensa es la puesta en marcha en marzo de 2007,
            junto a Estados Unidos, del sistema de intercepción de misiles,
            para lo cual Tokio destinó cuatro mil 800 millones de dólares.
            Los dos países anunciaron
            recientemente la decisión de desarrollar de manera conjunta los
            misiles de avanzada Patriot-3.
            Asimismo, el gobierno japonés dio
            luz verde al jefe de las Fuerzas de Autodefensa para ordenar un
            contraataque, sin la autorización del primer ministro, ni del
            gabinete.
            La oposición se mostró preocupada
            porque la nueva disposición le concede demasiado poder a las FAD y
            viola el principio constitucional de que estas deben estar sujetas
            al control civil en todo momento.
            El Libro Blanco de Defensa califica a
            China y a la República Popular Democrática de Corea como motivos
            de gran preocupación, lo cual podría obstaculizar el desarrollo de
            las actuales conversaciones sobre la desnuclearización de la
            península coreana.
            La nueva doctrina considera también
            como prioridad mantener la estrecha alianza con Estados Unidos,
            país que tiene unos 40 mil soldados en el archipiélago nipón.
            Asimismo, Japón desplegó medio
            millar de efectivos en Iraq para apoyar a Washington en la
            ocupación del país árabe.
            La decisión del primer ministro
            japonés constituye una violación de la Carta Magna, la cual
            prohíbe el envío de soldados a zonas de conflicto.
            Países vecinos expresaron su temor
            de que los nuevos pasos del gobierno de Tokio provoquen una carrera
            armamentista y afecten el ya precario equilibrio militar en Asia.