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Estados Unidos y los traficantes de personas Frente a sus narices NICANOR LEÓN COTAYO Una dependencia del Congreso de Estados Unidos informó recientemente que las instituciones encargadas allí de enfrentar el contrabando de personas lo hacen de manera deficiente. Tal criterio corresponde a la Oficina de Fiscalización General (GAO), que el pasado 14 de julio presentó un documento titulado: "Lucha contra el contrabando de extranjeros". Recuerda que allí la lucha contra ese mal recae sobre el Departamento de Seguridad Interna, que asumió 22 dependencias, tiene 170 000 empleados y un presupuesto de 180 000 millones de dólares. Sin embargo, la Oficina de Fiscalización del Congreso estima que funciona mal la lucha contra el mencionado trasiego de personas destinado a Estados Unidos. Un ejemplo muy evidente radica en la Florida, donde los contrabandistas se mueven con un marcado grado de impunidad al transportar y depositar su mercancía humana, en particular cuando se trata de cubanos. Los casos al respecto son tantos que ya podrían conformar libros, pero algunos ejemplos sirven para ofrecer una apreciación sobre el tema. Esa realidad fue muy bien sintetizada por la agencia noticiosa alemana DPA, cuando el pasado 6 de julio afirmó desde Miami: "El contrabando de cubanos se ha hecho habitual en los últimos años. Muy pocos de los culpables han sido encarcelados. Se calcula que traen cubanos a Miami en lanchas rápidas por hasta 10 000 dólares per cápita." Un poco antes, el primero de julio, la guardia costera norteamericana logró detener a cuatro traficantes de personas que en lanchas rápidas llevaban a cubanos que intentaron llegar a Estados Unidos. El Nuevo Herald comentó el 7 de junio último que la Florida es lugar preferido de los contrabandistas de ciudadanos de esa nacionalidad y de otras, así como que entre seis y ocho de esas bandas son detenidas cada mes, "muchas de ellas reincidentes". Un vocero del Servicio de Naturalización e Inmigración, Iván Ortiz Delgado, dijo en julio del 2002 al Herald que "no es ningún secreto" que existen "organizaciones de traficantes dedicadas al contrabando de cubanos a Estados Unidos". Ortiz Delgado agregó que utilizaban rutas alternativas, como en el caso de las Islas Vírgenes, donde quienes llegaban a ese territorio norteamericano lo hacían bajo protección de la titulada Ley de Ajuste Cubano, que les proporciona residencia y otros beneficios. Algo similar ha ocurrido en Puerto Rico, donde luego de emplear a República Dominicana como trampolín, los contrabandistas arriban a la Isla de Mona, a unos 80 kilómetros del territorio puertorriqueño, donde también tiene vigencia la Ley de Ajuste Cubano. Atraídos por esa macabra legislación, un número considerable de cubanos ha perdido la vida en irresponsables travesías marítimas con destino fundamentalmente a las costas floridanas. En marzo último fueron llevados a juicio en Miami algunos de los traficantes de personas capturados, por lo general reincidentes en la acción, gracias a la tolerancia de las autoridades, y solo tres de ellos encaraban 57 cargos. El 17 de junio del 2005 una lancha rápida procedente de Estados Unidos fue sorprendida en aguas de Cuba y en su huida embistió y dañó gravemente a una pequeña lancha guardafronteras V-15 que la enfrentó, así como lanzó al agua a sus tripulantes. Un detenido en aquel episodio, Manuel Eugenio Figueredo, pagó a los contrabandistas 10 000 dólares, y narró que después "me metieron en el camarote y a eso de las 11 de la noche salimos hacia acá sin que nadie nos detuviera. Facilito, facilito, como se lo cuento". La agencia española EFE dio a conocer en septiembre del año pasado que un juez norteamericano condenó en Miami a un año de prisión a cuatro personas que, de manera separada, conspiraron para trasladar a cubanos indocumentados. Se nombran, por un lado, Omar Vega y Ramón Pérez Hernández, quienes fueron detenidos cuando en lanchas rápidas intentaban trasladar a cubanos a tierra firme, y por otro, Osvaldo Lima y Elmis Ruiz, cuya embarcación fue localizada al Sur del cayo Maratón. En Cuba, el Código Penal establece penas que van de siete años de privación de libertad hasta cadena perpetua en lo que atañe a distintas modalidades de delitos relacionados con el tráfico de personas, tanto desde Cuba como promovido desde el exterior hacia esta. Sin embargo, un reciente informe del Departamento norteamericano de Estado, bajo el título Tráfico de Personas, señala a este país entre los "sujetos a sanciones", por lo que Washington juzga como insuficiente su participación en la lucha contra esa actividad. A la cabeza de esa lista debe colocarse a Estados Unidos, frente a cuyas propias narices se practica sostenidamente ese mal debido, en gran medida, a los compromisos existentes con una minoría de origen cubano que tanto fango ha lanzado ya sobre su imagen.
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