Avanza Uruguay por la senda de encontrar justicia

El presidente Tabaré Vázquez autorizó al día siguiente de su asunción la búsqueda de los restos de desaparecidos, debido a lo cual comenzaron hace unos días las excavaciones en predios militares. Esta semana, además, se reclamó justicia para María Claudia Irureta, nuera del poeta argentino Juan Gelman, asesinada por el ex represor Ricardo "Conejo" Medina, uno de los represores uruguayos que durante la dictadura militar (1973-1985) participaron activamente en el represivo Plan Cóndor, en este país y la vecina Argentina

MONTEVIDEO, 18 de junio (PL).— La comparecencia ante la justicia del ex dictador Juan María Bordaberry, se convirtió en la noticia de la semana en Uruguay, donde el tema de los derechos humanos fue priorizado tras la asunción de Tabaré Vázquez.

El juez Roberto Timbal interrogó al ex militar y su ex canciller, Juan Carlos Blanco, por los asesinatos de cuatro líderes políticos en Argentina (1976), entre ellos dos legisladores.

En un plazo de 45 días, el magistrado responderá si acepta o no el pedido de pruebas por los crímenes contra el senador Zelmar Michelini (Frente Amplio), del diputado Héctor Gutiérrez (Partido Nacional), y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.

La fiscal Mirtha Guianze pidió 15 años de prisión para Bordaberry y Blanco, a éste último por "coautoría de homicidio muy especialmente agravado".

Bordaberry tiene pendiente, además, un juicio penal por el golpe de Estado y está acusado por su responsabilidad en el asesinato, en abril de 1972, de ocho jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad.

Esta semana también se reclamó justicia en Uruguay para María Claudia Irureta, nuera del poeta argentino Juan Gelman, asesinada por el ex represor Ricardo "Conejo" Medina, según declaraciones del propio ex presidente Jorge Batlle.

La noticia volvió al tapete de la vida nacional, en particular, porque el diario La República publicó la fotografía del torturador.

"Conejo" Medina es uno de los represores uruguayos que durante la dictadura militar (1973-1985) participaron activamente en el represivo Plan Cóndor, en este país y la vecina Argentina.

Otro tema que acaparó la atención de los uruguayos en los últimos días fue la derogación por la Corte Suprema de Justicia de Argentina de dos leyes que ampararon el genocidio de la última dictadura (1976-1983) de ese país.

El ex canciller uruguayo Héctor Gross celebró el fin a las leyes de Punto Final y Obediencia debida, por las posibilidades que abre para efectuar juicios contra ex represores militares uruguayos.

Para el experto en Derecho Internacional, los militares acusados de violar los derechos humanos en Argentina, pueden terminar declarando ante la justicia del vecino país, en caso de ser investigados y reclamados.

Menos gratas fueron las informaciones ofrecidas por militares uruguayos, quienes reconocieron tener "serias dificultades" para encontrar datos sobre los lugares donde pueden encontrarse los restos de los detenidos-desaparecidos en la dictadura (1973-1985).

De acuerdo con revelaciones de los investigadores, la muerte de algunos ex represores, el secreto con que se manejó las informaciones sobre los asesinatos políticos y, el conocido como "pacto del silencio" enloda el camino para los posibles encuentros.