LA PAZ, 1 de junio (PL).— La presión empresarial para que el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, renuncie por falta de autoridad, se intensificó en las últimas horas con un reclamo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

La influyente organización de la oriental región de Santa Cruz planteó que el gobernante debe retirarse por no "garantizar el cumplimiento de la ley ni hacer respetar la propiedad privada de la tierra".

La demanda fue planteada luego de abiertas presiones de la CAO y otros sectores empresariales y regionalistas cruceños, para que el gobierno ordene la represión militar contra miembros del Movimiento de Campesinos sin Tierra (MST) que ocupan tierras improductivas o de propiedad dudosa.

"Nosotros hemos dicho que gobierne o que se vaya, pero como estamos viendo que no gobierna, entonces debe renunciar", declaró el presidente de la CAO, José Céspedes.

Planteó que se busque una salida constitucional a la crisis y agregó que "no queremos ya seguir con un Gobierno que no hace cumplir las leyes", en medio de grandes protestas populares por la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una asamblea constituyente.

También la Confederación de Empresarios de Bolivia y la cruceña Cámara de Industria demandaron en días pasados que Mesa dimita y convoque nuevas elecciones, por no ofrecer seguridad jurídica a la actividad empresarial, según alegaron.

El presidente Carlos Mesa ha reiterado en los últimos días que de ninguna manera dejará el cargo y que está decidido a continuar como gobernante hasta el final de su mandato, en agosto de 2007, para lo cual pidió el respaldo ciudadano, que ha mermado severamente, según una reciente encuesta.

Entre los motivos de esa determinación, el ministro de la Presidencia, José Galindo, mencionó la convicción gubernamental de que el retiro de Mesa no solucionaría los problemas, de carácter estructural, y en cambio agravaría la situación.

La renuncia de Mesa o el adelanto de las elecciones —que él pidió en marzo al congreso, sin que este acepte— son planteadas también por Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundada por el ex dictador Hugo Bánzer, y por Unidad Nacional, grupo del acaudalado empresario Samuel Doria Medina.

En el campo popular, exigen la dimisión del gobernante la Central Obrera Boliviana (COB) y otros grupos.

La demanda no encuentra eco, al menos explícito, en los líderes de los partidos políticos, entre los cuales el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, apuntó que no la suscribe ni considera que sea la solución de la crisis.