MÉXICO, 22 de abril (PL). — La amenaza de enfrentar un juicio político pende hoy sobre la cabeza de los 360 diputados que aprobaron el desafuero y separación del cargo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Una demanda en tal sentido será interpuesta la próxima semana por expertos en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes consideraron que esa decisión —aprobada por mayoría— violó el artículo 111 de la Constitución.

En su párrafo séptimo, el 111 constitucional expresa claramente que el funcionario público será suspendido de su encargo cuando ya esté sujeto a proceso penal, el cual no es el caso de López Obrador, señaló el profesor emérito Raúl Carrancá.

Sin embargo, los legisladores dispusieron la suspensión como efecto inmediato de la declaración de procedencia (de actuar penalmente contra el gobernante), a partir de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que es reglamentaria y no puede estar por encima de la Constitución, detalló.

El asesor jurídico del proyecto de juicio político ratificó que López Obrador, quien fue desaforado el 7 de abril último por el presunto desacato de una orden judicial, mantiene intocada su condición de Jefe de Gobierno.

Carrancá consideró también improcedente el pago, por parte de diputados del Partido Acción Nacional, de una fianza a favor de López Obrador, lo cual lo colocó en libertad provisional bajo caución.

El pago de la fianza procede sólo cuando existe una orden de aprehensión y en este caso no la hay, subrayó.

A mediados de esta semana la Procuraduría General de la República anunció la consignación del expediente de López Obrador y la solicitud de una orden de comparecencia, y no de aprehensión, ya que dos ciudadanos habían cubierto la fianza de dos mil pesos (unos 200 dólares) establecida por el propio Ministerio Público.