GINEBRA, 15 de marzo (PL).— Argentina puso el dedo en la llaga hoy aquí al exponer los resultados nocivos de los programas de ajustes estructurales y las secuelas de la deuda externa sobre los derechos básicos de los pueblos.

Horacio Rosatti, ministro de Justicia y Derechos Humanos, dijo que el pueblo argentino sabe mucho al respecto, pues carga sobre si el peso de la crisis socioeconómica que provocaron las políticas de corte neoliberal.

Ante la asamblea plenaria del 61 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, Rosatti fustigó las recetas impuestas por entes financieros internacionales, que provocaron estallidos sociales en Argentina.

Refirió la "vulneración de derechos y garantías y sus consecuencias de exclusión social" por las políticas de ajuste estructural, así como de la deuda externa y la especulación financiera que la originó.

Tales condiciones motivaron cifras de desocupación, pobreza e indigencia que el gobierno del presidente Néstor Kirchner enfrenta desde perspectivas distintas a gobiernos anteriores, apuntó.

"Podemos afirmar aquí que, si bien aún no se ha superado la emergencia sufrida, Argentina tiene hoy tres millones 200 mil personas menos bajo la línea de pobreza y tres millones y medio de personas menos bajo la línea de indigencia", aseveró.

Defendió los resultados de la reciente operación de canje de la deuda pública cuyo objetivo fundamental, subrayó, resultó defender y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población".

Al respecto destacó que por vez primera Argentina realiza una reestructuración de ese tipo que culmina con una drástica disminución del débito del país.

Fundamentalmente ha sido una operación "compatible con el crecimiento económico y el desarrollo, y no a costa del hambre del pueblo argentino", puntualizó.

A tenor con tales fines explicó que desde la Casa Rosada se dispuso el incremento sustantivo de los presupuestos para la educación pública y las políticas de salud y vivienda.

También adelantó que su delegación presentará ante la CDH un proyecto de resolución sobre el derecho a la verdad, del que son titulares tanto los familiares de las víctimas de graves violaciones como la sociedad argentina en su conjunto.