WASHINGTON, 3 de marzo
(PL).— El reciente informe del Departamento
de Estado norteamericano sobre los derechos humanos en el mundo es
reflejo de la doble moral del gobierno del presidente George W. Bush
en este tema, denuncia hoy el diario The New York Times.
En un editorial, el influyente
rotativo se mofa de cómo el documento enfila su mirada hacia
supuestas violaciones de los derechos ciudadanos en otros países,
mientras pasa por alto los maltratos cometidos en ultramar por las
tropas de Estados Unidos.
"De hecho, algunas de las
prácticas que el informe etiquetó de tortura cuando se refirió a
gobiernos extranjeros fueron en un momento dado aceptadas en los
centros de detención bajo jurisdicción del secretario de Defensa
Donald Rumsfeld", contrasta el cotidiano.
De acuerdo con The New York Times,
también resulta paradójico que el reporte del Departamento de
Estado critique al nuevo gobierno de Iraq por los abusos cometidos,
y no haga referencia a que dicha Administración fue impuesta por
Washington.
Y no sólo eso, sino que el reporte
"castiga a las fuerzas de seguridad iraquíes por los mismos
tipos de detenciones arbitrarias, tratamiento abusivo y torturas
practicadas en cárceles del ejército estadounidense y prisiones
del espionaje norteamericano", indica el diario.
Según el periódico, el
controversial informe de la Administración Bush fue otro triste
recordatorio del alto precio que Estados Unidos ha pagado por
ignorar los derechos humanos fundamentales en Iraq, Afganistán y en
la Base Naval de Guantánamo.
En este sentido, el Times también
recuerda las cárceles secretas que mantiene la Agencia Central de
Inteligencia allende los mares, y las presiones que realiza Bush
para mantener prisioneros a estadounidenses, sin derecho a
asistencia legal.
El rotativo destaca el caso del
neoyorquino de origen puertorriqueño José Padilla, quien permanece
detenido en Estados Unidos desde hace más de dos años acusado de
ser "combatiente enemigo", sin que hayan presentado cargos
en su contra.
Bajo esa misma etiqueta el gobierno
del presidente Bush se ha atribuido el derecho de mantener en
prisión a más de 500 personas en el enclave de Guantánamo,
territorio cubano ocupado por Washington en contra de la voluntad de
las autoridades de la isla.
La semana pasada un juez federal
dictaminó que Padilla debía ser liberado si en 45 días no se le
acusa de algún delito, sin embargo la Casa Blanca y el Departamento
de Justicia hicieron caso omiso al fallo.
El lunes último el fiscal general
Alberto González, defendió la posición del gobierno, al alegar que
aún se busca información sobre las personas arrestadas para poder
emprender contra ellas un proceso legal.