BRASILIA, 2 de marzo (PL).—
Nuevas modificaciones al Estatuto del Niño y del Adolescente y al
Código Penal fueron aprobadas unánimemente por el Senado, en
continuación de una ofensiva en Brasil contra la explotación
sexual infantil.
Los cambios, que deben ser aprobados
por la Cámara de Diputados, fueron sugeridos por la Comisión de
Combate a la Violencia contra Menores, del Ministerio de Justicia, y
la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) sobre la explotación
sexual de menores, que trabajó durante un año.
Esta última pidió además el
procesamiento de 251 personas, entre ellas políticos, magistrados y
empresarios, por perpetrar acciones de ese tipo contra niños y
adolescentes.
La presidenta de la CPI, senadora
Patricia Saboya, dijo que entre los cambios figura la inclusión
como delito del acto de fotografiar o filmar a menores en escenas de
sexo explícito o pornográficas, con pena de seis meses a dos años
de prisión, más multa.
Los senadores también aprobaron el
cierre definitivo del hotel, pensión, motel o establecimiento
similar que hospede a menores que no estén acompañados de los
padres o sus responsables, ni tengan autorización escrita de estos
o de un juez.
Entre las modificaciones al Código
Penal figuran la que aumenta la pena para asedio sexual si fuera
cometido contra un niño o adolescente, y la que torna
imprescriptibles los delitos de tráfico internacional de personas
para fines de explotación sexual, así como aumento de la sanción
si la víctima es menor.
También se establece la posibilidad
de que cualquier ciudadano presente denuncia ante el Ministerio
Público para abrir acción penal pública en delitos sexuales
contra menores.
Igualmente el estupro simple pasa a
ser considerado "crimen hediondo", que en la legislación
brasileña significa la imposibilidad de reducción de la pena ni
que una parte de ella pueda ser cumplida en régimen abierto.
Además, se tipifican como delitos el
"favorecimiento de la prostitución u otra forma de
explotación sexual o vulnerable" y el "tráfico interno
de personas para fines sexuales".
Las disposiciones se suman a otras
adoptadas con anterioridad contra la explotación sexual, en
especial la que afecta a niños y adolescentes.