Injerencia yanqui en los procesos electorales en Cuba

JUAN MARRERO

Sé que a nadie le causará ningún asombro o sorpresa si digo que la injerencia norteamericana en los asuntos de Cuba, desde que ocuparon militarmente el país a fines del siglo XIX, estuvo muy presente en los procesos electorales.

Lo que ocurrió en 1900 es ilustrativo: el gobernador militar Leonardo Wood convocó a elecciones municipales para elegir alcaldes, tesoreros y jueces por un año, pero en ellas solo podían participar aquellos hombres que supiesen leer y escribir, y aparte de ello, debían poseer no menos de 250 pesos en valores muebles o inmuebles, entonces una cantidad que no estaba al alcance de los bolsillos de la mayoría de los cubanos.

De una población de 1 570 000 habitantes, en números redondos, solo un 7% tuvo derecho al voto, una gran parte de ese porcentaje entonces proclive a que Cuba se convirtiese en una estrella más dentro de la bandera norteamericana o, al menos, en un protectorado. En esas elecciones, las mujeres fueron excluidas, por lo que ni aparecieron en las listas de votantes ni pudieron expresar en las urnas su voluntad. Durante muchas décadas se les privó de tal derecho. No fue hasta 1936 que, por vez primera, pudieron elegir y ser elegidas.

La esencia del sistema electoral norteamericano se trasladó casi mecánicamente a la realidad cubana para las elecciones de 1902. Para constituir el Senado, por ejemplo, se estableció la elección de cuatro por provincias por un periodo de ocho años, mediante el voto secundario de los llamados consejeros provinciales y compromisarios. Esos compromisarios debían corresponder en un 50% a los mayores contribuyentes, lo cual daba en la práctica una participación decisiva a los miembros de la oligarquía en las opciones de elección. Aquellos candidatos que tuviesen dinero eran privilegiados dentro de ese sistema. Por voto directo de los electores solo se integraba la Cámara de Representantes.

En aquellas elecciones resultó electo don Tomás Estrada Palma, que poco antes renunció a la ciudadanía norteamericana y prestó una valiosa contribución al naciente imperio cuando cuatro años atrás, es decir, en 1898, disolvió el Partido Revolucionario Cubano, creado por José Martí, con lo cual el pueblo quedó sin una auténtica fuerza política que lo representara y guiara en momentos tan cruciales, de tanta confusión.

Tantas maniobras sucias hubo en las semanas previas a aquellos comicios, respaldadas por el gobernador Wood, que la figura de Bartolomé Masó, bien respetada y querida por el pueblo, con historia de luchas y firme criterio independentista, desistió a última hora de participar en la contienda, y en consecuencia el candidato favorito de los yankis, Estrada Palma, con solo el 47% de los votos emitidos, se convirtió en el Presidente de la república nacida bajo la humillante Enmienda Platt.

Otro escandaloso hecho sobre la presencia de la mano de Washington en los procesos electorales en Cuba se dio en 1907 en medio de la segunda intervención militar norteamericana. El Imperio creó una convención consultiva, presidida por el coronel Enoch Crowder, a fin de que elaborase leyes complementarias a la Constitución de 1901, entre ellas una Ley Electoral. Afortunadamente dentro de esa convención fueron incluidos algunos cubanos ilustres, entre ellos Juan Gualberto Gómez, quien obstaculizó maniobras encaminadas a que en esa Ley Electoral se otorgase el voto a los extranjeros. Entonces un 30% de la población en Cuba era extranjera. En la ciudad de La Habana, por ejemplo, de 75 mil personas en edad electoral, es decir, mayores de 21 años, solo 35 mil eran cubanos, y de ellos el 60% no podrían votar pues eran analfabetos. Juan Gualberto Gómez logró que en esa Ley se refrendase el sufragio universal, aunque las mujeres continuaron excluidas.

Con mayores bríos injerencistas, Crowder volvió a Cuba en 1921. Desde un acorazado surto en el puerto, amenazando con la Enmienda Platt, y disfrazado de moralista y de luchador contra la corrupción y los fraudes, se puso a enviar una serie de memorandos al presidente Alfredo Zayas, entre ellos uno sobre el Registro Electoral, con instrucciones sobre cómo debía proceder. Por acciones tan groseras y humillantes tuvo que pasar nuestro pueblo en aquella república neocolonial.

En ese memorando, Crowder expresó preocupación con la adopción del Registro Electoral Permanente, y exponía que en las elecciones de 1918 se pudo comprobar que por medio del fraude y de la corrupción, los Registros habían sobrepasado todas las proporciones en el número de electores. Recuerdo que en una de las municipalidades —agregaba—, el número de electores excedía en muchos miles al total de la población, y en todos los demás términos municipales las listas estaban enormemente aumentadas.

El procónsul yanki reclamaba del Presidente Zayas "toda la mejor atención" en el asunto de los Registros Electorales, ya que la Junta Central Electoral había aplicado una disposición de exclusión del Registro de todos los electores que no hubiesen ido a votar en las elecciones parciales de 1921, y que, según tal enmienda al Código electoral de 1919, esa decisión solo podía variarse por un acuerdo del Congreso o la restitución por petición de cada ciudadano excluido ciento diecinueve días antes de las elecciones, convocadas para el primero de noviembre de 1922.

Crowder decía que "queda solamente un tiempo muy limitado para resolver en cuanto al número enorme de inclusiones" y recababa que la Junta Central Electoral dictase alguna regla especial de urgencia que pudiese facilitar la mejor manera de practicar y preparar los Registros para las próximas elecciones bienales. Hasta esos detalles electorales llegaba el intrusismo del coronel Crowder.

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