NACIONES UNIDAS, 1 de febrero (PL).— La comisión internacional de la ONU sobre Sudán echó por tierra hoy, en sus conclusiones, los argumentos estadounidenses para colocar al gobierno de ese país en el banquillo de los genocidas.

Desde el año pasado el entonces secretario de Estado Colin Powell y miembros del congreso en Washington, erigidos en jueces supremos del mundo entero, proclamaron como cierta una acusación tan grave, en una perspectiva intervencionista.

Ahora esa misma peligrosa tendencia de juzgar a los demás se manifiesta en torno al disuelto programa para Iraq, de petróleo por alimento con los dardos apuntando hacia el secretario general de la ONU, Kofi Annan.

En noviembre pasado un grupo de expertos designados por Annan, se desplazó a Sudán para determinar en el terreno la certeza de un cargo recibido aquí desde el principio con enormes reservas y sospechas.

La conclusión que acaba de divulgarse es terminante: "el gobierno de Sudán no ha llevado a cabo una política de genocidio".

Sin embargo la comisión afirma que hubo violaciones de derechos humanos en la región occidental del Darfur, escenario de un violento conflicto entre fuerzas gubernamentales y movimientos opositores armados.

El reporte de 176 páginas entregado al Consejo de Seguridad señala a las autoridades y al grupo paramilitar Janjaweed, como responsables de ataques en los que murieron civiles, desapariciones, destrucciones de aldeas, pillaje y desplazamientos.

Pero también se encontraron evidencias creíbles de que fuerzas rebeldes cometieron violaciones parecidas.

Los investigadores proporcionaron una lista de personas de ambos lados del conflicto que se cree son responsables directos de acciones condenables como crímenes de guerra, con la recomendación de conducirlos ante la justicia.

Para ello consideraron que la Corte Penal Internacional sería el órgano más competente, algo a lo que de antemano se ha opuesto Estados Unidos.

La semana pasada la representación norteamericana propuso que el Tribunal especial para Rwanda, que sesiona en Arusha, Tanzania, se ocupara de esos eventuales procesos, pero varios miembros del Consejo se opusieron de inmediato.

Si bien quedó descartada la más grave acusación contra Jartum, parece bastante probable que gane terreno un proyecto de resolución para reforzar el embargo de armas y la prohibición de vuelos militares sudaneses en Darfur.

De acuerdo con la ONU la crisis política en esa región provocó la muerte de unas 70 mil personas y el desplazamiento interno de un millón 600 mil mientras que otras 200 mil buscaron refugio en Chad.