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Rechazan en Chile presiones para poner fin a juicio a represores
SANTIAGO DE CHILE, 26 de
enero.—Las presiones del Gobierno y de los militares para poner
fin a los procesos contra ex represores de la dictadura encaran hoy
un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad chilena,
reporta PL.
La Corte Suprema echó
leña al fuego la víspera al dictar una resolución que da a los
jueces un plazo de seis meses para terminar los más de 300 procesos
en curso por violaciones de los derechos humanos, decisión que
encaja en la iniciativa gubernamental.
Aunque el presidente del
máximo tribunal, Marcos Lebedinsky, lo niega, parlamentarios,
abogados de derechos humanos y otros sectores políticos de
izquierda y progresistas atribuyen la decisión de la Corte, en
primera instancia, a la "torcedura de brazos" del alto mando
militar.
El Partido Socialista,
integrante de la coalición de Gobierno, reiteró hoy su total
rechazo a poner fin a los juicios, y planteó la posibilidad de
llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
La precandidata
presidencial de esa agrupación, Michelle Bachellet, favorita en
todas las encuestas para alcanzar La Moneda en diciembre próximo,
afirmó que los procesos jurídicos no pueden eternizarse, pero "tampoco
hay que facilitar la impunidad" en Chile.
Por su parte, el
diputado Juan Bustos calificó el acuerdo de la Corte Suprema como
una presión indebida y contraria a la Constitución, pues ella no
está facultada para inmiscuirse en las decisiones de los tribunales
inferiores o de los jueces.
La medida del máximo
tribunal tiene lugar solo una semana después de que el suicidio del
coronel (r) y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA), Germán Barriga, causara fuerte conmoción en las filas
castrenses y llevara a primer plano el debate sobre el tema. Barriga
sería procesado por represor.
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