WASHINGTON, 17 de diciembre (PL).— Tras meses de negociaciones, el presidente George W. Bush firmó hoy una polémica ley de reforma a los servicios de espionaje estadounidenses, que prevé la creación de un centro encargado de la lucha contra el terrorismo.

Durante una ceremonia en la Casa Blanca el mandatario rubricó el proyecto, que también estipula crear el cargo de zar del antiterrorismo, cuya labor sería coordinar el trabajo de las 15 agencias vinculadas a esa actividad.

Esos cambios fueron recomendados por un panel que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Sin embargo, la legislación estuvo estancada en el Congreso debido a la oposición de varios legisladores conservadores del Partido Republicano.

El pasado mes los líderes de los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Duncan Hunter, y Judicial, James Sensenbrenner, boicotearon el plan.

Hunter consideró que el control de datos provenientes de los satélites espías —previsto en el proyecto de ley— ponía en peligro a los soldados en el campo de batalla.

Mientras Sensenbrenner exigió la inclusión en la iniciativa de varias cláusulas contra la migración ilegal, proyecto que no prosperó y fue cuestionado por grupos defensores de los derechos civiles.

La rebelión de esos dos congresistas, apoyados por varios de sus correligionarios de partido, contra los planes de la Casa Blanca obligó a Bush a intervenir en varias ocasiones y presionar para su aprobación.

Medios de prensa coinciden en señalar que la principal oposición a esos cambios proviene de la secretaría de Defensa, que en la actualidad controla cerca del 80 por ciento de los 40 mil millones de dólares destinados a las labores de espionaje.

Una de las funciones del director nacional de inteligencia sería manejar ese monto.

Por iguales motivos en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) existe un malestar generalizado por la propuesta.

Al respecto, días atrás el ex director de la CIA George Tenet rompió su mutismo y se unió a ex subordinados, varios de ellos separados de sus puestos, quienes consideran que la reforma afectará el funcionamiento y atribuciones de la Agencia.