MONTEVIDEO, 17 de noviembre (PL).— El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti tendrá que responder ante la justicia las razones por las cuales incluyó en la Ley de Impunidad los asesinatos de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez.

La convocatoria la realizó la fiscal penal Mirta Guianze, quien interrogará al dos veces ex gobernante (1985-1990 y 1995-2000) del Partido Colorado.

Michelini y Gutiérrez fueron asesinados en Argentina el 20 de mayo de 1976, como parte del represivo Plan Cóndor, utilizado por las dictaduras sudamericanas para secuestrar y matar a opositores políticos.

Organizaciones de derechos humanos y sociales presentaron documentos y acusaciones contra los militares de la dictadura uruguaya por los asesinatos concretados en Buenos Aires, pero Sanguinetti los guardó y los incluyó en la Ley de Impunidad.

De acuerdo con acusaciones y declaraciones de testigos y políticos, las muertes de Michelini y Gutiérrez respondieron a orientaciones concretas de los mandos militares uruguayos de la época (1973-1985).

La ley de Impunidad permite que en Uruguay los acusados de violar los derechos humanos, secuestrar, torturar y asesinar a opositores políticos recorran hoy las calles libremente.

Sanguinetti fue un defensor a ultranza de esa ley aprobada en 1988 y que hoy es vista por muchos abogados como inconstitucional.

El tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar aún se mantiene en la agenda local y, aunque la gubernamental Comisión por la Paz comprobó torturas y asesinatos dentro de instituciones militares, esos casos continúan sin aclararse.

En los últimos días la justicia estudia la posibilidad de que profesionales de la Universidad de la República ingresen e investiguen parte de los recintos militares, donde se asegura fueron enterrados por lo menos ocho de los asesinados en torturas.