LA HAYA, 9 de noviembre (PL). — El juicio que celebra desde el 2002 el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia contra el ex presidente federal Slobodan Milosevic se reanudó hoy en esta capital al cabo de casi tres semanas de receso.

En la sesión volvió a tratarse la petición de los defensores de oficio impuestos por el Tribunal de ser relevados de esta obligación ante la negativa del acusado de colaborar con ellos.

Milosevic no reconoce la legalidad del TPIY e insiste en su derecho a llevar su defensa.

Esta prerrogativa le fue reconocida el mes pasado por la Cámara de Apelaciones del TPIY, aunque le mantuvo los defensores de oficio para cuando no pueda presentarse a las audiencias por problemas de salud.

El ex mandatario serbio y más tarde yugoslavo sufre de tensión y de problemas coronarios, además de la tensión que le provoca el trabajo de llevar su propia defensa en solitario.

Ante esos problemas, los jueces decidieron a principios de septiembre pasado imponerle una defensa de oficio.

Contra él pesan 66 cargos por supuesta responsabilidad en crímenes de guerra, contra la humanidad y el de genocidio durante las guerras que siguieron a la disolución de Yugoslavia Socialista, en 1992.

También se le acusa de limpieza étnica en Kosovo, la provincia serbia ocupada por la ONU y la OTAN tras una campaña de 78 días de bombardeos aéreos, a cuyo término la entonces República Federal de Yugoslavia fue obligada a abandonar ese territorio.

Tras un debate entre los jueces, la acusación y la defensa impuesta, Milosevic instó al Tribunal a resolver el problema de haberle nombrado defensores de oficio.

Ustedes crearon el problema con la designación (de los abogados británicos Steven Kay y Gillian Higgin). Entonces tienen ustedes la competencia para solucionar el problema, dijo.

En coincidencia con el reinicio del juicio, ahora en fase de la defensa, fuentes diplomáticas informaron de que el gobierno serbio-bosnio reconoció que más de siete mil varones musulmanes fueron muertos por sus fuerzas en Srebrenica, en 1995.

Por esa matanza se le imputa a Milosevic la acusación de genocidio, pero la Fiscalía ha estado corta de elementos para probarla, al extremo de que Kay y Higgin sugirieron al TPIY desestimarla.