WASHINGTON, 27 de octubre (PL).— Escenario hace cuatro años de un fraude masivo, Florida continúa hoy en el centro de las polémicas con nueve demandas presentadas por irregularidades y acusaciones contra las autoridades de favorecer al presidente George W. Bush.

El diario The Washington Times reveló que el partido opositor reclamó a la justicia por varias fallas en el proceso electoral y lo que consideró una campaña del gobierno estatal para amedrentar a los seguidores del candidato demócrata, John Kerry.

Varias organizaciones como la Asociación de Empleados Estatales y Municipales y la mayor central sindical del país, la AFL-CIO, también presentaron querellas por los mismos problemas.

Los demandantes afirman que las autoridades del estado, cuyo gobernador es hermano de Bush, se negaron a contar las papeletas de votos provisionales, otorgados a las personas aptas para ejercer el sufragio, pero que su nombre no aparece en el censo.

Además, destacan que se establecieron reglas muy restrictivas para evitar el voto de las minorías, en especial los afro-americanos.

Durante los comicios del 2000 las autoridades republicanas hicieron los arreglos correspondientes para que 94 mil personas, en su mayoría negros que votan por los demócratas, fueran privadas de su derecho al voto.

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles logró que un juez aceptara un recuento de votos, en caso de ser necesario, tras los comicios de la próxima semana, iniciativa prohibida por el gobierno del territorio.

La televisora británica BBC reveló ayer detalles de un plan, mediante el cual los republicanos pretenden repetir la farsa del 2000, cuando Bush alcanzó la Casa Blanca tras 36 días de enfrentamiento con su rival Albert Gore, dirimido en la Corte Suprema.

La BBC dio cuenta de dos mensajes electrónicos elaborados por la oficina republicana en ese territorio, en los cuales aparece una extensa lista de electores, a quienes se tratará de intimidar para que no voten.

Los mensajes, de 15 páginas, fueron remitidos al director ejecutivo de la campaña de Bush en el sureño estado y al director nacional de investigaciones de la contienda republicana, a quienes se alerta sobre la existencia de una llamada "lista de encierro".