BRASILIA, 15 de octubre (PL). — La ley de derribo de aviones ilegales que entrará en vigor el domingo en Brasil reafirma "la decisión del gobierno de combatir la invasión de sus fronteras por narcotraficantes", según precisó el ministro de Defensa, José Viegas.

El ministro formuló la definición al publicarse en el Diario Oficial, el pasado 19 de julio, del decreto firmado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva que reglamenta esa ley aprobada en 1998 y pendiente hasta ahora de ese paso para poder ser aplicada, debido a amenazas y presiones en contra del gobierno estadounidense.

El decreto establecía la entrada en vigencia de las disposiciones de la ley en 90 días, que se cumplen en la medianoche del domingo, y durante este lapso se hizo una divulgación nacional e internacional de sus alcances, en especial en los países fronterizos con Brasil.

El comandante de la Defensa Aeroespacial Brasileña, mayor brigadier del aire Atheneu de Azambuja, dijo al diario Folha de Sao Paulo que los vuelos desconocidos no han disminuido, pues hasta la publicación del decreto se registró una media de 12 por día, y en los últimos tres meses el promedio fue de 13.

El oficial aclaró que los vuelos desconocidos, sin plan de vuelo, no son necesariamente irregulares, pues muchos son de hacendados u otras personas que incumplen ese requisito para eludir los impuestos, pero alertó del peligro que enfrentan ahora.

Advirtió que la ley será usada cuando sea necesario, pese a "cualquier artificio que el traficante utilice", pues serán derribados inclusive aunque transporten niños con el fin de salir ilesos.

Sin embargo, en julio, Viegas dijo que antes de ordenar el derribo de aviones sospechosos de transportar drogas, se aplicarán ocho procedimientos de identificación y advertencia, incluidos disparos que no alcanzarán a la aeronave, y en ningún caso esto se hará sobre zonas pobladas o cuando en el aparato viajen niños.

Sólo si son agredidos desde una aeronave pirata los pilotos de la Fuerza Aérea procederán a realizar disparos efectivos sin cumplir las normas de identificación y advertencia, pues en ese caso actuarán en legítima defensa y no necesitarían de la orden, que debe ser emitida por el Presidente de la República o la persona en que este delegue.

A fines de mayo, cuando comenzó a hablarse de la reglamentación de esa ley, Washington aumentó sus presiones y amenazas sobre Brasil para que cumpliera requisitos legales de aquel país, según el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher.

''Ya informamos a las autoridades brasileñas —dijo— que, por motivo de responsabilidad, el gobierno norteamericano precisaría suspender la asistencia relevante al Brasil (para combatir el narcotráfico) si el país implementase el programa de derribo de aviones sin satisfacer requisitos legales de los Estados Unidos".

La amenaza de suprimir la colaboración para combatir el narcotráfico se suma a la suspensión el pasado año de una ayuda militar de Washington por 275 millones de dólares debido a la negativa brasileña a aprobar la exención de los soldados norteamericanos de sanciones por el Tribunal Penal Internacional.

La alegación es que, en caso de un avión derribado por error, el proceso judicial podría alcanzar a autoridades de aquel país que hubieran suministrado informaciones respecto a esa aeronave, o a fabricantes de componentes del aparato que ejecutó la acción.

Según Folha de Sao Paulo, algunos especialistas afirman que la ley no interesa a los gobernantes norteños porque les dificultaría un monitoreo aéreo de la región amazónica, sobre la cual son conocidas sus aspiraciones y en la que ya hubo más de un caso de vuelos militares no autorizados de esa procedencia.