Aprueba Congreso boliviano juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada

LA PAZ, 14 de octubre.— La presión social fue decisiva para la decisión del Congreso boliviano de aprobar esta madrugada un juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, coinciden hoy todos los análisis de la histórica decisión, comentan medios de prensa.

Grupos de familiares y otros manifestantes rodeaban el Palacio Legislativo desde el inicio de la crucial sesión convocada para definir el proceso y exigían la aprobación de este, por 66 muertes en la represión del estallido social que obligó a renunciar al político neoliberal.

Al mismo tiempo miles de trabajadores y campesinos avanzaban con el mismo objetivo hacia la ciudad de La Paz desde la sureña localidad de Caracollo, y las estaciones de radio y televisión reflejaban la indignada demanda de la ciudadanía de justicia para las víctimas del derrocado Gobierno, acompañada de duras advertencias contra los legisladores.

La Central Obrera Boliviana (COB) amenazó con cerrar el Parlamento y las organizaciones populares del vecino municipio de El Alto —de decisivo papel en la rebelión popular de hace un año—, anunciaron una huelga general si no se aprobaba el juicio.

Poco antes de instalarse la sesión del Congreso, el Comité Impulsor del juicio, formado por organizaciones humanitarias y sociales, entregó al Parlamento libros con 200 000 firmas de ciudadanos que reclaman el proceso legal.

En ese marco, el Parlamento debatió solamente si ponía en el banquillo al ex mandatario con sus ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez, e Interior, Yerko Kukoc, o junto a quienes integraron el gabinete ministerial durante las protestas del 2003.

El debate registró reproches y acusaciones entre los partidarios de una posición u otra, así como denuncias de que el millonario ex gobernante sobornaba mediante terceros a legisladores para que se opusieran al juicio o se ausentaran para impedir que la aprobación reuniera los votos de dos tercios de los miembros de las cámaras, requeridos para el efecto.

La opción de juzgar a todos los ex ministros fue finalmente aprobada por 126 votos y solamente se opusieron al proceso 13 defensores incondicionales del ex gobernante, pues la mayoría de los legisladores de su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), se pronunció a favor del proceso.

 

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