LA PAZ, 14 de octubre (ANSA).— En una decisión inédita en la historia boliviana, el Congreso autorizó en la madrugada de hoy someter a juicio político al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus ministros por las muertes durante las protestas populares que marcaron su gestión de 15 meses.

Sánchez de Lozada será el primer presidente de la República elegido democráticamente en ser llevado a juicio penal por la Corte Suprema bajo el cargo de "violación a los derechos y garantías constitucionales".

En los 179 años de historia republicana, sólo el ex dictador militar Luis García Meza fue enjuiciado penalmente y condenado en ausencia a 30 años de prisión, en 1993. Un año después fue capturado en Brasil y ahora cumple esa pena en una cárcel de máxima seguridad, a 40 kilómetros al sur de La Paz.

La medida fue elogiada por Marcial Canaviri, representante de los familiares de las víctimas, quien expresó su "satisfacción" por la aprobación de la norma, y destacó que "será un largo camino, pero no descansaremos hasta que los responsables vayan a la cárcel".

El diputado Evo Morales, uno de los líderes de la protesta, aseguró a su vez que se trató de un "triunfo para el pueblo y la democracia".

En tanto, el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Sacha Llorenty, manifestó que el Congreso tomó una decisión "histórica".

Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre pasado, al cabo de dos semanas de protestas sociales en La Paz en las que murieron 56 personas y otras 400 resultaron heridas. En febrero del 2003 hubo otras protestas en las que murieron 37 personas.

Las protestas comenzaron contra el eventual uso de un puerto chileno para exportar gas a Estados Unidos y terminaron con la exigencia de un referéndum para nacionalizar los hidrocarburos y la renuncia de Sánchez de Lozada, tras 15 meses de gobierno.

El ex gobernante y su familia viven desde entonces en Washington. "Se trata de un visitante más, que cuenta con residencia legal", según el embajador norteamericano, David Grenlee.

La decisión del congreso se aprobó al cabo de una sesión de 13 horas, que transcurrió cuando unas dos mil personas que marchaban desde Oruro, a 200 kilómetros al sur de La Paz, se encontraban a mitad de camino para exigir el juicio.

De los 157 congresistas (27 senadores, 130 diputados), 126 votaron por el juicio, 13 dijeron No y uno solo votó en blanco.

La medida requería al menos 105 votos, equivalentes a dos tercios del total.

La inclusión de los 15 ministros que colaboraron con Sánchez de Lozada se produjo por presión de los propios congresistas de su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuyo voto negativo evitó que se apruebe una primera resolución de juicio más restringido.

La Comisión de Constitución del Congreso había sugerido que se enjuicie sólo al ex Presidente y sus ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berazín, y de Gobierno, Yerko Kukoc, para agilizar el proceso.

Los congresistas leales a Sánchez de Lozada pidieron que se incluya a todos sus ministros, argumentando que no gobernó solo. Involucraron así a Nueva Fuerza Republicana (NFR), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), y Unión Cívica Solidaridad (UCS), que co-gobernaron con el MNR.

"Debemos hacer que se juzgue a todos y para evitar que este congreso se convierta en un peculiar escenario de impunidad sin precedentes que condena a unos y absuelve a otros, sin juzgarlos", dijo Oscar Sandoval del MNR.

"Para mí, este juicio no es justo tiene vicios de injusticia y no hay corrección, porque solo se ha implicado a una parte. La otra parte, los que lanzaron bombas molotov, incendiaron una gasolinera, no están en el juicio", declaró por su parte Teresa Paz, también del MNR.

Quienes propugnaban el juicio limitado calificaron esa posición como "una maniobra política" porque "al juzgar a muchos se terminará por no juzgar finalmente a nadie", según el diputado socialista Jerjes Justiniano.

Entre los quince ministros a ser juzgados figuran siete congresistas que deberán ahora renunciar o pedir licencia y que se abstuvieron de participar en la sesión: tres de NFR, dos del MNR y dos del MIR.

Hoy, el ex presidente Jaime Paz Zamora, jefe del MIR, declaró que "el único a ser enjuiciado debía ser Sánchez de Lozada. Los ministros sólo obedecen al Presidente. El debía venir a asumir su responsabilidad. Nunca debió ser Presidente".

El Presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, también del MIR, pidió a la Corte Suprema "que asuma su responsabilidad con total independencia y libre de presiones" para garantizar un "juicio imparcial y transparente" a Sánchez de Lozada.

Un comunicado presidencial saluda hoy "la decisión histórica del Congreso" porque "fortalece la democracia y renueva la fe de la ciudadanía en sus instituciones".