LA PAZ, 11 de septiembre (PL).— Un proyecto de nueva ley de hidrocarburos, que afecta los intereses de las transnacionales petroleras que operan en Bolivia, desató esta semana iras y amenazas de estas, en contraste con el creciente apoyo político y social a la propuesta.

El proyecto determina la propiedad estatal del gas y el petróleo, aumenta los tributos de las trasnacionales al 50 por ciento sobre la producción y las obliga a firmar nuevos contratos en reemplazo de los que suscribieron al amparo de la legislación privatizadora vigente y rechazada por el referendo del pasado 18 de julio.

Según el Gobierno, la propuesta, anunciada el lunes último, implica un giro ideológico a un nuevo modelo que se aleja del neoliberal vigente desde 1985, prevé un rol protagónico del Estado en la economía y se inscribe en una tendencia regional latinoamericana.

El texto gubernamental fue precedido por intensas presiones sociales contra la posición inicial del ejecutivo, de no tocar los contratos de operaciones de las empresas extranjeras y esperar que estas acepten voluntariamente las nuevas reglas.

Dos días después del anuncio gubernamental, la Cámara de Hidrocarburos emitió una declaración de rechazo al proyecto en la que, además de reclamar supuestos derechos adquiridos, exigía otra legislación a su gusto y conveniencia y amenazaba veladamente con enjuiciar internacionalmente al Estado boliviano.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, calificó de provocación la nota de la Cámara de Hidrocarburos y advirtió que si las empresas persisten en rechazar la nueva ley y en no someterse a la soberanía del país, el movimiento social puede tomar la drástica decisión de confiscar los bienes de las petroleras y expulsarlas del país.

Recordó en tal sentido una rebelión popular que en el año 2000 echó de la ciudad central de Cochabamba a una empresa extranjera a la que se había entregado el servicio local de agua potable.

Ese episodio es conocido como "la guerra del agua" y considerado antecedente de las grandes protestas que en octubre de 2003 obligaron a renunciar a la Presidencia al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

El ministro de la Presidencia, José Galindo, dijo que recortar el proyecto, como pretenden las transnacionales, refleja no haber entendido lo ocurrido cuando la vasta protesta ciudadana que demandaba recuperar los hidrocarburos puso en fuga a Sánchez de Lozada.

Galindo admitió la preocupación gubernamental por la posibilidad de juicios internacionales abiertos por las empresas y expresó que el Gobierno está dispuesto a un diálogo en el que espera persuadirlas de la conveniencia de avenirse a la nueva situación y hacer nuevos contratos.

El Ministro llamó también a la unidad nacional para defender las decisiones tomadas por el referendo de julio y advirtió que, sin esa cohesión, el país no podrá afrontar la discusión con las transnacionales.

La posición de la Cámara pareció debilitarse cuando la brasileña Petrobras se distanció al señalar su ejecutivo Arturo Castaños que la empresa analiza la propuesta y todavía no ha definido su posición.

El embajador de Brasil en Bolivia, Antonino Mena Goncalves, calificó a su vez la propuesta gubernamental como equilibrada, razonable y con visión de futuro.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, Oscar Zamora, acusó a la Cámara de defender solo los intereses de las transnacionales, pidió respetar la soberanía nacional, y demandó una ley que defina de forma más radical que el Estado perciba el 50 por ciento de las ganancias del negocio de los hidrocarburos.

Reivindicó el derecho del Parlamento y el Gobierno de elaborar una legislación ceñida a los intereses del pueblo boliviano, frente a la explotación de las petroleras de los recursos naturales del país al amparo de una legislación anticonstitucional, como calificó a la ley privatizadora vigente, cuyo cese decidió el referendo de julio.

El jefe del centrista partido Nueva Fuerza Republicana (NFR), Manfred Reyes Villa, manifestó que las petroleras deben adecuarse a la nueva legislación, mientras el senador socialdemócrata Hugo Carvajal señaló que la resistencia empresarial obedece a la negativa a pagar más tributos.