SAO PAULO, 19 de julio (PL).—
El gobierno brasileño se apresta a publicar la reglamentación que
permitirá aplicar una ley aprobada en 1998 para derribar aviones
ilegales y aún sin entrar en vigor por oposición de Estados
Unidos.
El diario Folha de Sao Paulo afirma
hoy haber obtenido el texto firmado por el presidente Luiz Inacio
Lula da Silva que dice será publicado en el Diario Oficial y
permitirá la entrada en vigor de esa disposición dentro de 90
días, plazo establecido para su conocimiento nacional e
internacional.
Según la fuente, en 2003 las
autoridades brasileñas detectaron dos mil 117 tráficos aéreos
desconocidos, y este año, hasta mayo, ya sumaban mil 036, los que
se estima en su mayoría correspondían a operaciones de tráfico de
drogas.
A fines de mayo, cuando comenzó a
hablarse de la reglamentación de esa ley, Washington aumentó sus
presiones y amenazas sobre Brasil para que al dar ese paso cumpliera
''requisitos legales" de aquel país, según el portavoz del
Departamento de Estado, Richard Boucher.
''Ya informamos a las autoridades
brasileñas que, por motivo de responsabilidad, el gobierno
norteamericano precisaría suspender la asistencia al Brasil (para
combatir el narcotráfico) si el país implementase el programa de
derribo de aviones sin satisfacer requisitos legales de los Estados
Unidos" expresó Boucher.
La alegación es que, en caso de un
avión derribado por error, el proceso judicial podría alcanzar a
autoridades de aquel país que hubieran suministrado informaciones
respecto a esa aeronave, o a fabricantes de componentes del aparato
que tuvo a su cargo la acción.
El diario O Globo apuntó entonces
que ''el gobierno norteamericano sabe que Brasil no necesita de
ayuda para localizar y derribar aviones sospechosos'', y Folha
agregó que ya este país informó a Washington que la tecnología
de los aviones radares y de ataque será totalmente nacional.
Según este rotativo, algunos
especialistas afirman que la ley no interesa a los gobernantes
norteños porque les dificultaría un monitoreo aéreo de la región
amazónica, sobre la cual son conocidas sus aspiraciones y en la que
ya hubo más de un caso de vuelos militares no autorizados de esa
procedencia.
Autoridades brasileñas citadas hoy
por Folha insistieron en que la reglamentación de la ley de derribo
de aviones ilegales no afectará las relaciones con Estados Unidos.
El diario también afirma que la
medida está dirigida contra aeronaves usadas por el narcotráfico y
no alcanzará a las militares, las cuales sólo serán objeto de una
advertencia y para derribarlas se requerirá una autorización de la
ONU.
La amenaza de suprimir la
colaboración para combatir el narcotráfico se suma a la
suspensión el pasado año de una ayuda militar de Washington por
275 millones de dólares debido a la negativa brasileña a aprobar
la exención de los soldados norteamericanos de sanciones por el
Tribunal Penal Internacional.
Además, el Congreso aprobó tiempo
atrás una ley que prohíbe a las empresas norteamericanas que
exportan tecnología de control y defensa del espacio aéreo hacer
negocios con países que derriben aviones.
El ministro de defensa, José Viegas,
aclaró días atrás que antes de la orden de derribo, que sólo
puede ser dada por el Presidente de la República o autoridad
delegada por él, se adoptarán ocho procedimientos, como el
contacto visual, identificar la aeronave, pedir al piloto que
aterrice y hacerle disparos de advertencia.