BUENOS AIRES, 29 de abril (PL).—
Expectante por la política de derechos humanos del actual gobierno
argentino, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo cumple mañana
27 años de reclamos de justicia para las 30 mil víctimas de la
dictadura militar.
El sábado 30 de abril de 1977 un
grupo de 14 mujeres acudieron a la Plaza de Mayo de Buenos Aires,
frente a la Casa de Gobierno, a pedir información sobre sus hijos
ausentes y sin paradero conocido a las autoridades castrenses que
habían usurpado el poder el 24 de marzo de 1976.
En aquella oportunidad las madres no
pudieron acceder a las oficinas del Ministerio del Interior,
situadas en la sede gubernamental, por ser una jornada no laboral,
pero acordaron encontrarse en el mismo lugar al viernes siguiente
con igual propósito.
Para esa nueva ocasión el objetivo
era lograr una audiencia con el jefe de la Junta Militar, Jorge
Rafael Videla. Tampoco lo lograron y volvieron a convenir otro nuevo
intento al jueves de la próxima semana.
Desde entonces, cada jueves desde
hace más de un cuarto de siglo, a las 3:30 de la tarde, con
pañuelos blancos ya históricos cubriéndoles la cabeza y los
rostros arrugados por los años, la madres continúan su puntual
marcha de media hora alrededor de la Pirámide de Mayo, en el mismo
centro de la plaza.
La desaparición de la dictadura
castrense no le devolvió a sus hijos. Ni siquiera les indicó el
verdadero lugar donde fueron arrojados sus restos. El regreso a la
llamada democracia (1983) indultó a los responsables de la
tragedia.
Y esa falta de castigo a los
represores avivó la lucha de las veteranas, aunque las formas y
métodos de sus acciones derivaron en contradicciones que al final
provocaron una escisión en la organización.
En 1986, de la original Asociación
de Madres de Plaza de Mayo se desprendió otra agrupación con el
mismo nombre, pero identificada como "Línea Fundadora".
Sin embargo, los objetivos
fundamentales permanecen y ambos grupos desarrollan un incesante
trabajo dentro de la impetuosa dinámica imprimida por el gobierno
del actual presidente, Néstor Kirchner, al tema de los derechos
humanos y el castigo a los represores de la dictadura.
En menos de un año de gestión, el
mandatario impulsó acciones que cambiaron a la cúpula de las
Fuerzas Armadas, permitieron la anulación de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, propiciaron la reapertura de causas
irresueltas y colocaron de regreso en la cárcel a un buen número
de violadores de los derechos humanos.