Bush y Cheney comparecerán mañana ante
panel investigador

WASHINGTON, 28 de abril (PL). — El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y su segundo, Richard Cheney, declararán mañana a puertas cerradas ante un panel que investiga si fue posible evitar los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En un intento por acallar las críticas contra su gobierno, Bush aceptó comparecer ante la comisión bipartidista pero con ciertas condiciones, tales como que ninguno de los dos funcionarios estará bajo juramento y permanecerán juntos durante toda la entrevista, la cual también no será grabada ni transcripta, anunció el vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan.

No obstante se permitirá a los 10 miembros de la comisión tomar notas sobre las declaraciones de Bush y Cheney, quienes además serán interpelados en la sede ejecutiva.

McClellan precisó que la audiencia comenzará a las 9:30 de la mañana (hora local) sin límite de tiempo.

Según el diario La Opinión, la razón para que Bush y Cheney comparezcan juntos ante la comisión investigadora es para evitar que ambos ofrezcan versiones diferentes sobre el tema.

Expertos legales citados por el periódico The New York Times comentaron que la negativa de Washington a que las declaraciones del dúo presidencial sean transcriptas tiene como propósito evitar que sean utilizadas contra el gobierno en un futuro.

Varios altos funcionarios de la administración ya declararon públicamente y bajo juramento en el marco de la investigación, entre ellos la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, y el secretario de Justicia, John Ashcroft.

Las pesquisas del panel bipartidista sobre el 11 de septiembre detectaron graves errores de la comunidad de inteligencia y del ejecutivo.

En ese sentido, la comisión divulgó recientemente un memorando realizado por los servicios secretos con el título Bin Laden decidido a atacar a Estados Unidos, que fue minimizado por las autoridades en su momento.

Asimismo, el panel cuestionó a Ashcroft por no priorizar su lucha contra el terrorismo, como se desprende de un informe elaborado por el Departamento de Justicia en mayo de 2001.

 

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