GUATEMALA, 9 de marzo (PL).— El arresto domiciliario ordenado contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, suscita hoy en Guatemala reacciones diversas, aunque la mayoría converge en que esa decisión judicial constituye un gran paso en el combate a la impunidad.

El lunes 8 de marzo fue fatal para Ríos Montt, quien fue citado al juzgado quinto de primera instancia penal para ser interrogado por su presunta responsabilidad en los disturbios violentos protagonizados por seguidores suyos en esta capital en julio de 2003, y que le costó la vida a un periodista.

El hombre que encabezó un golpe de Estado en 1982 y gobernó con mano de hierro hasta 1983 se vio sometido al imperio de la ley, luego de haber gozado durante los últimos cuatro años de inmunidad como presidente del Congreso (2000-2004).

Pese a la escasez de datos aportados por las investigaciones del Ministerio Público, lo que impidió que se adoptaran medidas más drásticas, el juez Víctor Hugo Herrera ligó a Ríos Montt al caso y le dictó arresto domiciliario, para que responda por los delitos de homicidio preterintencional, coacción y amenaza.

Los días 24 y 25 de julio de 2003, bautizados aquí como Jueves Negro y Viernes de Luto, miles de correligionarios del entonces gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG, partido del que el ex dictador es secretario general) sitiaron las principales calles y edificios de la capital.

La protesta, en la que muchos iban encapuchados y armados con revólver, palos y machetes, buscaba forzar la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial del FRG, y en los desórdenes el periodista Héctor Rodríguez murió de un infarto cuando corría para evitar ser vapuleado por una turba de eferregistas.

Junto al militar retirado fueron citados a declarar esta semana otros miembros del FRG y algunos ex funcionarios del anterior gobierno, como el ex ministro de Gobernación Adolfo Reyes y el ex director de la Policía Nacional Civil Raúl Manchamé, a quienes se acusa de incumplimiento de deberes por no detener los disturbios.

Agrupaciones pro justicia y de derechos humanos encomiaron la resolución judicial que ordenó arresto domiciliario para Ríos Montt, al considerar que lo interesante de que hayan comenzado las diligencias es que existe la posibilidad de identificar a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, cree conveniente y provechoso para el Estado de Derecho en Guatemala que la Fiscalía pueda esclarecer "los vínculos entre el FRG, el Congreso, la Presidencia y las otras dependencias estatales que permitieron que las turbas actuaran de esa forma".

Según Ibarra, es necesario que los tribunales deduzcan responsabilidades a los funcionarios que respaldaron la manifestación, e incluso habría que investigar si intervinieron elementos del ejército.

Por su lado, Orlando Blanco, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicó que el citado tribunal sentó un precedente positivo para el sistema judicial guatemalteco. "Ojalá otros jueces puedan actuar de esta forma en casos no sólo vinculados a violaciones a los derechos humanos, sino también a corrupción", dijo.

"Es positivo que el sistema de justicia trabaje, no importa quién sea el señalado ni el delito, pues esta es una muestra de que todos somos iguales ante la ley", opinó Ana María de Klein, de la asociación Madres Angustiadas.

Mario Polanco, dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), pidió que las acusaciones contra el caudillo del FRG no queden sólo en el caso de Jueves Negro. "Esperamos que también sea condenado a prisión por los crímenes que cometió durante los 15 meses que hizo gobierno de facto", apuntó.

Otro eferregista allegado a Ríos Montt citado por la justicia fue su nieto Juan Pablo Ríos Ramírez, para que responda por los supuestos delitos de detención ilegal agravada, desorden público, discriminación, agresión, coacción y amenazas, cometidos en contra de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.