LOS ANGELES, 4 de marzo (PL).— Trabajadores agrícolas del estado norteamericano de la Florida acusaron a la empresa Taco Bell de practicar una esclavitud moderna, informó hoy el diario La Opinión.

Más de un centenar de trabajadores marcharon durante una semana frente a la sede de esa empresa en el estado de California, en demanda de mejores condiciones laborales.

"Los negocios de Taco Bell están contribuyendo a un tipo de esclavitud moderna, en una explotación que debió desaparecer hace mucho tiempo", dijo el líder campesino Lucas Benítez, uno de los coordinadores del "Recorrido de la verdad de Taco Bell 2004".

En el último tramo de la marcha, de más de 50 kilómetros desde el este de Los Ángeles al condado Orange de California, se sumaron a la protesta otros cientos de estudiantes, campesinos de este estado, agrupaciones religiosas y miembros de organizaciones civiles.

Taco Bell es uno de los principales compradores de tomate de Florida en la nación, indicó Julia Perkins, una activista de derechos civiles que colabora con la Coalición de Trabajadores de Inmokalee (CIW), la organización que marchó desde Florida.

Lucas Benítez indicó que "la gente debe saber que nos están pagando unos 40 dólares por semana en los casos más extremos, pero todos los trabajadores del campo estamos viviendo condiciones de explotación en Estados Unidos en el presente siglo XXI".

"Actualmente nos pagan 40 centavos de dólar por cubeta de tomates cosechados, esto quiere decir que para poder reunir unos 50 dólares tenemos que levantar dos toneladas de tomate", dijo Benítez.

"Pero eso no es todo...de lo poco que ganamos nos descuentan rentas, nos descuentan hasta el agua, nos tienen trabajando vigilados con guardias de seguridad armados que han llegado a golpear compañeros, amenazándolos de que si acuden a las autoridades se van a vengar", señaló.

Benítez, ganador del premio Robert Kennedy de los Derechos Humanos de 2003, dijo que han "investigado casos de trabajadores golpeados, amenazados con armas de fuego, golpeados en la cara con pistolas y de otras a quienes han amenazado con cortarles la lengua si denuncian".

La empresa, sin embargo, ha dicho que se trata de un asunto entre los campesinos y las compañías que los contratan y que ellos no tienen injerencia directa en el asunto.