ROMA, 15 de enero (PL).— El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, podría ser procesado judicialmente a partir de marzo próximo por un caso de soborno para impedir la venta del holding alimentario estatal SME a un consorcio rival, indicaron hoy fuentes judiciales.

Tras un dictamen el pasado martes del Tribunal Constitucional para derogar la ley de inmunidad, la cual exonera de procesos judiciales a las cinco primeras figuras del Estado, Berlusconi quedó expuesto al largo brazo de la justicia italiana.

Pero los abogados de Il Cavallieri, como también se conoce aquí al hombre más rico de Italia, pueden alargar infinitamente el juicio contra su cliente e incluso impugnar a los tribunales, bajo el manto de la ley de legítima sospecha.

Esa legislación, otra de las tantas que parecen hechas a la medida del Jefe de Gobierno conservador, permite poner en duda la objetividad de la Fiscalía y acusarla de animadversión.

Hasta el momento, Berlusconi se libró de un proceso judicial contra los participantes en el referido caso de corrupción, ocurrido cuando en 1986 el grupo Fininvest, perteneciente a la familia Berlusconi, pagó al menos 434 mil dólares a jueces de una empresa estatal dedicada a fiscalizar transacciones públicas.

Esos pagos, según se demostró en un juicio paralelo donde fueron procesados abogados del primer ministro y los magistrados de la mencionada entidad estatal, fueron efectuados, entre otros, por Cesare Previti, exministro de Defensa.

Previti fue sentenciado a finales de 2003 a cinco años de cárcel por ser el distribuidor principal del dinero para sobornar a los jueces de la empresa de fiscalización.

Al ser interrogado sobre sus posibles preocupaciones por la decisión del Tribunal Constitucional, el Jefe de Gobierno, dueño de cerca del 90 por ciento de los medios de difusión del país, consideró que no tenía nada que temer.

Soy inocente, e incluso la sentencia a Previti resulta positiva, comentó a sus dos aliados en el gobierno, Gianfranco Fini, de Alianza Nacional, y Marco Folini, de la Unión Demócrata Cristiana. Además, agregó, el proceso continuará por mucho tiempo.

La ley que protegía al Primer Ministro, conocida aquí como Laudo Schifani, fue aprobada el 20 de junio último por ambas cámaras del Parlamento, donde las agrupaciones que forman la coalición centro-derechista poseen mayoría.

El Tribunal Constitucional indicó, al hacer el anuncio el pasado martes, que la Laudo Schifani viola los principios de igualdad ante la justicia y de derecho a la defensa.

Tal legislación, que defiende, además del primer ministro, al mandatario del país, a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, así como al del propio Tribunal Constitucional, podrá ser impugnada en un referéndum, según el referido veredicto.