WASHINGTON, 31 de diciembre (PL).— El Pentágono anunció que pondrá fin al acuerdo que mantiene con la empresa estadounidense Halliburton para la importación de combustible en Iraq, contrato sobre el cual ha caído una lluvia de críticas, informa hoy The Washington Post.

Según el rotativo, el propio Departamento de Defensa asumirá el control de la entrada y distribución de gasolina, keroseno y gas manufacturado al país ocupado, a través de nuevos contratistas privados, quienes se someterán en esta ocasión a un proceso de licitación, algo que no ocurrió con la Halliburton.

Funcionarios del Pentágono dijeron que el cambio fue resultado de un proceso de discusión de meses, pero que no está relacionado con las versiones de que la empresa había inflado los precios del combustible, práctica que, de acuerdo con diversas fuentes, había llevado al gobierno apagar 61 mil millones de dólares de más.

A la Kellogg Brown&Root (KBR), subsidiaria de la Halliburton en Iraq, el Pentágono le pagó a 2.27 dólares el galón de gasolina importado desde Kuwait, casi dos veces de lo que le hubiera costado adquirirlo en Turquía.

La empresa impuso un recargo adicional de 36 centavos por galón, precio que los auditores del Departamento de Defensa consideraron excesivo.

Sin realizar licitación alguna, la Administración del presidente George W. Bush concedió a la Halliburton millonarios contratos en Iraq, acción que generó críticas dentro del Congreso, dados los evidentes vínculos de la empresa con la Casa Blanca.

La compañía, de la cual fue su máxima figura ejecutiva el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, también ha estado en la mira de los auditores del Pentágono debido a que, en algunos casos, los precios finales de los contratos han sido muy superiores a las ofertas iniciales presentadas por la empresa.

En julio pasado la KBR valoró que la rehabilitación de una planta de tratamiento de agua en Iraq tendría un costo de 75 millones de dólares, cotización que aparece en documentos confidenciales remitidos por la subsidiaria al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y revelados por la prensa estadounidense.

Sin embargo, dos meses después, el gobierno le pidió al Congreso para la realización de ese trabajo 125 millones de dólares, casi un 40 por ciento más de lo estimado en un principio.

"Lo mejor que puedo decir, aunque suene poco convincente, es que los estimados cambiaron", comentó al diario The New York Times Richard V. Dowling, vocero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y uno de los supervisores del contrato.