MADRID, 18 de diciembre (PL).— Por primera vez en los 25 años de democracia en España todos los partidos de oposición se negaron hoy a participar en una votación del Congreso de Diputados.

Este hecho sin precedentes fue la respuesta a la criticada reforma al Código Penal presentada recientemente por el Consejo de Ministros y que hoy fue sometida a votación del congreso y aprobada solo con el respaldo del gobernante Partido Popular (PP), que pudo sacarla adelante por contar con mayoría parlamentaria.

Esta enésima reforma al Código Penal establece penas de cárcel de hasta cinco años a quienes pretendan convocar un plebiscito "fuera de los marcos establecidos por la Constitución" y va dirigida específicamente contra el presidente del gobierno autonómico vasco, Juan José Ibarretxe.

Negándose unánimemente a votar, la oposición mostró su rechazo a ese cambio en la legislación penal, pero sobre todo, el repudio al método empleado por el gobierno para conseguir su aprobación.

Mediante un subterfugio para someterla a trámite de urgencia, el ejecutivo presidido por José María Aznar impidió que la propuesta fuera evaluada por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado y que fuera debatida por el pleno del Congreso, al cual solo le quedaba someterla a votación.

Este último pleno de la actual legislatura fue una bronca más de las muchas que tienen por sede desde hace meses al Congreso en un ambiente de enfrentamiento creciente entre el gobierno y la oposición.

El jaleo llegó a tal extremo que la bancada de la coalición Izquierda Unida (IU) enarboló una enorme pancarta con la frase "todos a la cárcel" en alusión a una reforma con la cual el gobierno puede sacar del juego, mediante su particular lectura, a todo aquello que le parezca inconstitucional.

Por si fuera poco los 124 diputados del Partido Socialista, con las manos en alto, coreaban "esto es un atraco".

Al intervenir ante el pleno, el portavoz de IU, Felipe Alcaraz, aseguró que la convivencia política en el estado "ha llegado a su máximo nivel de tensión" y convidó irónicamente a Aznar a fundar la ONG "Crispadores sin fronteras", por generar esa situación de enfrentamiento.

Por su parte desde el PSOE consideró la reforma parlamentaria como digna de ganar un premio "a la degradación parlamentaria".

Como era de esperar, el inspirador de los cambios, el Ministro de Justicia, José María Michavila, salió en defensa del texto al considerar como una "gigantesca falsificación" convocar a una consulta popular sobre el estatuto autonómico del País Vasco, tal como pretende Ibarretxe.

Sin embargo, analistas consideran que si la aprobación de la reforma es legítima por tener el PP mayoría parlamentaria, resulta cuando menos un enorme disparate político dar la espalda a la necesidad de buscar un consenso que resulta imprescindible para convertir en ley una medida de tal envergadura.

Ahora, el presidente autonómico vasco e incluso los miembros de su gobierno, pudieran ir a la cárcel si aprueban celebrar una consulta popular para que los vascos se pronuncien sobre su futuro.