Desde el 3 de febrero de 1962, cuando Estados Unidos hizo oficial la mezquina política de bloquear a Cuba, no ha cesado la hostilidad para provocar todo tipo de dificultades y el colapso de la economía en uno de sus más sensibles soportes: los combustibles energéticos.

Con la Ley Torricelli en 1992 y la Helms-Burton en 1996, dirigidas a ahogar aún más a Cuba en el ámbito económico internacional al desaparecer los vínculos con el campo socialista, la industria petrolera tuvo que sortear nuevos escollos y retornar a terceros mercados e intermediarios para sus importaciones.

Entre 1991 y 2000 los sobregastos por la compra de combustible a través de intermediarios y el pago de altos fletes se estimó en unos mil 500 millones de dólares.

Tales leyes y regulaciones que afectan a Cuba y que, además, extienden su acción contra la comunidad internacional, han sido complementadas con ulteriores disposiciones y medidas dirigidas a profundizar el bloqueo.

Limitaciones a líneas regulares de buques para el trasiego de combustibles, su adquisición en lejanos mercados y la limitada concurrencia de proveedores dispuestos a comerciar con Cuba, son algunas de sus más relevantes consecuencias.

No obstante, la producción nacional de crudo actualmente rebasa en ocho veces a la alcanzada en 1990 y la electricidad se genera en más de un 90 por ciento con combustibles nacionales, gracias entre otros factores, a la presencia de compañías extranjeras que en franco desafío al bloqueo comparten proyectos en la búsqueda y exploración a riesgo de petróleo.

Esas entidades enfrentan grandes dificultades para adquirir bienes y servicios requeridos para sus operaciones, dada la imposibilidad de obtenerlos en Estados Unidos.

El aumento de los costos por la adquisición en otros mercados y la demora de los suministros para la ejecución de los trabajos, ha provocado hasta la fecha gastos superiores a los 160 millones de dólares.

Por la compra de plantas, equipos, tuberías, productos y otros suministros para la industria del petróleo, se pagó un 15 por ciento de intermediación por encima del valor de las compras, lo que anualmente representa sobregastos por unos 12 millones de dólares en la importación de esas piezas e insumos.

Baste decir que la perforación de un pozo en Cuba cuesta un 25 por ciento más que en otros países sin condiciones de bloqueo.

Otro significativo ejemplo son las limitaciones para disponer de los servicios de empresas estadounidenses de primer nivel especializadas en estudios geofísicos y registros de pozos, lo que obliga a su contratación en entidades menos reconocidas y lejanas.

A ello se suma que cada año, a pesar de la privilegiada situación geográfica para el reabastecimiento de combustible a barcos que navegan cercanos a sus costas, Cuba deja de vender unos 75 millones de dólares.

Muchos han sido los negocios boicoteados, las conversaciones interrumpidas entre empresas cubanas y compañías extranjeras por las presiones y amenazas de los Estados Unidos, todas denunciadas dadas sus implicaciones y afectaciones.