CARACAS, 3 de noviembre (PL).— La divulgación de la grabación de una conversación telefónica es la pieza clave que revela las actividades conspiradoras realizadas desde Costa Rica por elementos de la oposición venezolana.

En ese diálogo, hecho público por la prensa local, Carlos Ortega, impugnado presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, actualmente exiliado en San José, mostró la cara más intransigente de los opositores al presidente Hugo Chávez.

Al hablar con su sustituto provisional en Caracas, Manuel Cova, se refirió al plan de desestabilización que se pondría en práctica a partir del próximo 28 de noviembre, en ocasión de la planeada recogida de firmas para pedir un referendo revocatorio contra Chávez.

El propio Jefe de Estado lo definió como "una matazón" a llevarse a cabo contra los partidarios de la oposición para provocar el caos e intentar un nuevo golpe de Estado como el ocurrido en abril del pasado año.

En la más impactante afirmación de Ortega en esa grabación, éste asegura la necesidad de 10 o 12 años de dictadura después del derrocamiento del gobierno para poder "arreglar esa vaina", usando una expresión popular venezolana para referirse a lo que vendrá después.

Ese hecho, que hizo al presidente Chávez alertar al gobierno costarricense sobre tales preparativos realizados desde su territorio por Ortega, parece una demostración más de la certeza de las diversas denuncias oficiales sobre intentos conspirativos de la oposición.

La actitud de Ortega, evidentemente violatoria del derecho de asilo otorgado por Costa Rica, se conjuga con pronunciamientos que llaman a la violencia publicados hoy en la prensa privada venezolana y suscritos por un autodenominado Bloque Democrático.

Esa organización, integrada por conocidos adversarios del gobierno y ex oficiales de las fuerzas armadas sancionados con la baja de la institución, por su apoyo al golpe de Estado del 2002, pide abiertamente revivir una asonada como única forma de sacar a Chávez del poder.

Mientras tanto, como parte de la denuncia de varios diputados sobre estas andanzas ilegales, se anunció la próxima exposición de más pruebas, en ese sentido, que involucran al ex candidato presidencial Henrique Salas Romer y a su hijo, el gobernador del estado de Carabobo.