MADRID, 27 de octubre (PL). — La polémica y las críticas a un proyecto de nuevo estatuto autonómico para el País Vasco que refuerza las libertades de ese territorio, tienen hoy un amplio espacio en el ambiente político español.

El sábado último, el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, presentó ante el Parlamento autonómico el controvertido proyecto para reformar el estatuto de autonomía.

La idea clave del texto, rechazado por las autoridades de Madrid y los partidos Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE), estriba en proclamar el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro de acuerdo con el derecho de autodeterminación de los pueblos.

En una declaración institucional, Ibarretxe expresó que los vascos necesitan "de nuevos instrumentos y competencias, de más capacidad de decisión propia para que la sociedad vasca pueda afrontar los nuevos retos del futuro".

Añadió que "queremos convivir reconociéndonos y respetándonos (españoles y vascos), iniciar un debate sereno, un diálogo pacífico y normalizado, sin insultos y descalificaciones".

"Todos y cada una de las personas que vivimos en Euskadi somos los que vamos a decidir con nuestro voto nuestro futuro. Es nuestro derecho y nada ni nadie nos lo puede arrebatar".

El nuevo estatuto, que promovería la convivencia, según sus partidarios, o la ruptura y la desunión, a juicio de sus detractores, plantea puntos ya conocidos como el establecimiento de la plena validez política, jurídica y administrativa para la nacionalidad vasca, haciéndola compatible con la española.

Establece asimismo un estatus de libre asociación con el Estado español y contempla la posibilidad de establecer vínculos políticos con la vecina comunidad de Navarra y representación directa en la Unión Europea.

El texto, que cuenta con un preámbulo, 69 artículos, tres disposiciones transitorias y una final, también plantea como aspectos nuevos la creación de una comisión bilateral entre Euskadi y el Estado español y un tribunal de conflictos para dirimir las discrepancias que puedan surgir entre ambos.

También, establece la creación de un poder judicial propio que pasaría a ser uno de los poderes de la comunidad libre asociada a través de un Tribunal Superior de Justicia de Euskadi.

De ser aprobado en el Parlamento de Vitoria, capital del rico y próspero País Vasco, el proyecto sería sometido a un referéndum convocado por las autoridades autonómicas, lo cual, a juicio del Gobierno central, constituiría una violación de las leyes españolas.

La presentación del proyecto por Ibarretxe promovió la inmediata respuesta de sus detractores.

Desde la ciudad vasca de Guernica, Mariano Rajoy, candidato del PP a las elecciones presidenciales del 2004 y secretario general de ese partido, aseguró que el plan de Ibarretxe "contradice radicalmente la letra y espíritu de la Constitución y aunque esta fuera reformada, tampoco sería viable".

Al respecto, consideró que "su viabilidad exigiría la destrucción de la Constitución misma, porque la autodeterminación solo es predicable en el conjunto del pueblo español como único titular de la soberanía del país".

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, dijo en esta capital que su partido, aunque no gobierna, tiene el máximo compromiso con la unidad de España y la Constitución, y calificó el plan de excluyente e imposición para los ciudadanos vascos que no se sienten nacionalistas.

En tanto, Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, coalición que defiende su propia propuesta de un modelo federalista para España, no rechazó el plan pero confió en que finalmente haya una iniciativa que cuente con el consenso de nacionalistas o no, y pueda ser sometida a consulta de los vascos.