QUITO, 23 de octubre (PL).— La polémica tiende hoy a "encenderse" aún más en el Congreso en torno a un acuerdo militar firmado con Washington sin conocimiento ni aprobación de los legisladores, por el gobierno ecuatoriano, concerniente a la soberanía nacional.

En serios aprietos se encuentra la diplomacia local, específicamente el canciller Patricio Zuquilanda, quien rubricó el convenio el pasado 5 de septiembre con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Quito, Arnold Chacón.

Ese documento establece la construcción por efectivos del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas de tres llamados centros de acopio para la Defensa Civil de este país, que supuestamente brinden ayuda a damnificados por desastres naturales.

Aunque se alega que esos almacenes servirán principalmente a los afectados por el fenómeno de El Niño, se supo que dos de ellos estarán en áreas nunca azotadas por ese régimen climático.

Más aún, uno será edificado en Nueva Loja, cabecera de la norteña provincia de Sucumbíos, a pocos kilómetros del fronterizo departamento colombiano de Putumayo, dominado mayoritariamente por la guerrilla.

Ello levantó una oleada de opiniones respecto al verdadero objetivo de ese puesto, señalado como posible punto de avanzada para el combate a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El diputado por Pachakutik, Antonio Posso denunció en el pleno del Parlamento, y luego ante los medios de comunicación, que ese acuerdo está relacionado con el involucramiento de Ecuador en el Plan Colombia que auspicia Estados Unidos.

No se trata de simples "bodeguitas" (almacenes), sino de bases militares como extensión de la de Manta, afirmó Posso en referencia a la que controla el Pentágono en esa localidad del litoral del Pacífico ecuatoriano.

Esta acción es parte de la regionalización del conflicto deseada por Washington, cuya negativa a participar es reiterada por las autoridades de Quito, aunque existen indicios de que ello se convertirá en realidad de manera más directa, según los analistas.

Al rechazo del legislador por el movimiento indígena se sumaron unánimemente los de otras bancadas, quienes criticaron duramente al Poder Ejecutivo por lo que dijeron es interpretar la Constitución a su manera, sin derecho a ello.

El titular de la Comisión de Asuntos Internacionales, Carlos Vallejo, aseguró que el no informar al Congreso de la rúbrica de ese convenio es motivo no solo de juicio político, sino de destitución del Canciller, pues el hecho viola la Carta Magna.

Otros expertos señalan que dicho documento adolece de una falla de fondo, pues en concordancia con la Constitución de 1998, todos los acuerdos internacionales que atañen a la soberanía nacional deben ser consultados al Parlamento.

En su articulado, la ley fundamental de la República establece la obligación de ser aprobado o no cualquier documento de ese tipo referido a materia territorial o de límites.

Y precisamente entra dentro de esos términos, pues serán áreas donde operará personal estadounidense, construidos con total autonomía de la legislación nacional en varias provincias.

Fue por eso, recuerdan los especialistas, que el acuerdo para la base de Manta fue aprobado por la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, pues es un asunto tocante a la soberanía del país.

El convenio, con vigencia por 10 años, contiene aspectos que también levantan cuestionamientos, como la dirección exclusiva otorgada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y otras entidades norteamericanas en la administración de los contratos.

De tal forma, el rol del gobierno ecuatoriano queda reducido a obtener los permisos y licencias necesarios para las obras, así como coordinar el acceso a las propiedades y apoyo logístico para los proyectos.

Además, el personal estadounidense empleado quedará libre de impuestos fiscales y aduaneros que gravan sus remuneraciones y los artículos importados de todo tipo.

Ecuador librará de responsabilidad al Comando Sur, particularmente al Cuerpo de Ingenieros, de cualquier reclamo, siempre que se derive de sus servicios profesionales y técnicos.

De igual forma, los contratos financiados con fondos de la cooperación se regirán por las leyes y regulaciones estadounidenses, por lo cual todas las controversias serán resueltas bajo esos preceptos.