Una verdadera guerra económica desató Estados Unidos contra Cuba hace más de 40 años, sin detenerse ante ningún límite, ya sea ético, moral o relativo a las obligaciones de los Estados ante el Derecho Internacional, regido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Desde Dwight D. Eisenhower, pasando por John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon, Gerald R. Ford, James E. Carter, Ronald W. Reagan, George H. W. Bush, William J. Clinton y hasta la actual Administración republicana de George W. Bush, la política de bloqueo hacia Cuba se ha mantenido casi intacta y los cambios operados han sido para recrudecerla.

Nunca un país se ha visto sometido de manera tan continuada y permanente al peligro que representa un vecino tan poderoso y que históricamente ha pretendido dominarlo y anexarlo desde hace más dos siglos.

En la lógica del pensamiento imperial, y en particular de la cúpula fascista que robó el poder en la Casa Blanca con George W. Bush, la aplicación de sanciones económicas ha sido una pieza clave de la recrudecida línea hostil de Washington contra La Habana, en el afán de destruir el sistema político, económico y social establecido por el pueblo cubano.

Estudios preliminares dan fe de que las afectaciones a Cuba por la aplicación de esta política genocida podrían superar ya los 72 mil millones de dólares, según se consigna en el informe de la Isla al Secretario General de la ONU sobre el cumplimiento de la Resolución 57/11 de la Asamblea General de la máxima instancia mundial.

Esta cifra, aún conservadora, no incluye los más de 54 mil millones de dólares imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde territorio norteamericano.

Tal medida, contraria a los principios de la Carta de la ONU y violatoria de las normas del derecho y del comercio internacionales, desconoce, además, la soberanía y los intereses de otros países.

Históricamente, fue la Administración republicana del presidente Eisenhower la que dio los primeros pasos para tratar de asfixiar económicamente el proceso político que acababa de surgir.

Entre los actos hostiles emprendidos inicialmente figuraron la eliminación de la cuota azucarera, en 1960, y la prohibición de la asistencia al país y el establecimiento del embargo al comercio con la Isla, en el 61.

A ello se sumó la negativa de las empresas transnacionales yankis a refinar el petróleo soviético (1960).

Sin embargo, fue el 7 de febrero de 1962 cuando entró en vigor la Proclama ejecutiva 3447, emitida por John F. Kennedy, tras la nacionalización de las compañías yankis en el país caribeño.

En esa resolución presidencial se orientó al Departamento del Tesoro llevar adelante las prohibiciones de exportaciones y marcó históricamente el establecimiento de esa práctica, universalmente condenada.

Desde entonces y hasta el presente, pasando por las extraterritoriales leyes norteamericanas Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), el objetivo principal del bloqueo no ha sido otro que imponer la asfixia económica y social del pueblo cubano, al privarlo de sus medios fundamentales de subsistencia.