Dos noticias de primera plana en estos días contrastan tan violentamente que su publicación simultánea en la misma página llevaría al más indiferente de los lectores a abrir los ojos, enarcar las cejas y rascarse la cabeza.

Una de ellas señala las presiones de la Casa Blanca para lograr la aprobación por el Congreso de la solicitud de 87 mil millones de dólares, con el fin de mantener la ocupación militar de Iraq y Afganistán.

La otra, aparecida en la portada de la edición digital del libelo de la mafia anticubana, el Nuevo Herald, es mucho menos conocida y por ello merece ser reproducida textualmente:

"Los recortes en el presupuesto educativo amenazan con dejar fuera del sistema público a miles de alumnos de Miami-Dade, coartar su futuro laboral y deteriorar la economía y la cultura del condado, por la imposibilidad de las universidades y colleges de compensar el bache financiero mayor en décadas, afirmaron autoridades educativas."

Firmado por Graciela Mrad, el artículo abunda en elementos y datos demostrativos del proceso de deterioro de estos fondos desde hace algunos años, y que han alcanzado su nivel más bajo en el presente, hasta el punto de situar a las universidades ante una difícil disyuntiva: o limitan la entrada de nuevos ingresos o resignan el nivel de la educación.

La autora cita declaraciones de Modesto Maidiqui, presidente de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), quien enfático señala: "Estos recortes son gravísimos. Estamos ante la peor crisis de la educación superior."

Las autoridades universitarias estudian en estos momentos la posibilidad de dejar fuera a unos 2 000 alumnos en cada nivel de las carreras. En los últimos cinco años el Estado no ha financiado los fondos para los 16 247 nuevos estudiantes, como resultado de un déficit de 64 millones de dólares.

La fuente citada entrevistó también a Eduardo V. Padrón, presidente del Miami-Dade College, quien alarmado muestra preocupación por el futuro de un país con gastos superiores a los 40 000 dólares al año, para mantener a cada preso en pésimas condiciones y al mismo tiempo solo invierte 3 000 por alumno, en la institución bajo su dirección.

Con el fin de enfrentar el último recorte de 23 millones, la FIU aumentó el costo de la matrícula en un 15 por ciento, pero el 60 por ciento de los educandos proceden de familias trabajadoras y la mayor parte de ellos no pueden pagarla.

Los efectos de esta situación ya se hacen sentir y no solo en la disminución de los ingresos. También está presente en la reducción del número de clases, la cancelación de asignaturas clave que afectan la calificación profesional, la fuga de los mejores profesores hacía universidades privadas y la frustración y deserción de alumnos.