WASHINGTON, 30 de septiembre (PL).— El gobierno de Estados Unidos se niega a que un equipo independiente al ejecutivo investigue si algún funcionario de la Casa Blanca filtró información sobre una oficial de la CIA, implicada en desmentidos al presidente George W. Bush.

Según comenta hoy el diario The New York Times, de iniciarse la pesquisa para determinar quién o quiénes revelaron la identidad de Valerie Plame, la oficina gubernamental prefiere que sea el Departamento de Justicia el encargado y no expertos al margen de la Administración, como sugieren miembros del Partido Demócrata.

El escándalo se incentivó la víspera, luego de que el ex diplomático Joseph Wilson, esposo de la oficial de la CIA desenmascarada, acusara públicamente a Karl Rove, principal asesor de Bush, de ser el origen de la filtración del secreto.

La revelación ha sido interpretada por analistas y medios de prensa como un pase de cuenta de la Casa Blanca a Plame y Wilson, ya que este último desmintió, un año y medio atrás, las alegaciones de Estados Unidos sobre el supuesto interés del derrocado líder iraquí Saddam Hussein, de adquirir uranio en Níger.

Pese a la campaña del presidente Bush por asociar al entonces régimen de Bagdad con la adquisición de armas de destrucción masiva, el ex funcionario del Departamento de Estado, en un informe a la CIA, aseveró que no existía evidencia alguna de gestiones de Hussein en el país africano.

Wilson había sido recomendado precisamente por su esposa para que lo designaran diplomático en Gabón y como tal hiciera el pesquisaje sobre el supuesto vínculo Iraq-Níger; sin embargo, echó por tierra la credibilidad del presidente Bush, quien en su discurso sobre el estado de la Nación acusó a Bagdad de tales intenciones.

Congresistas demócratas sostienen que la divulgación de que la esposa de Wilson era oficial encubierta de la CIA es un delito federal, no solo porque salga a la luz el nombre de Plame, sino porque ello conduciría al desenmascaramiento de sus fuentes de información, catalogadas en el lenguaje del espionaje de vínculos secretos.

En una carta al fiscal general, John Aschroft, el líder de la minoría, Tom Daschle, dice "no creer que esta investigación sobre altos funcionarios de la administración Bush, que posiblemente incluya a la jerarquía del personal de la Casa Blanca, deba ser conducida por el Departamento de Justicia".

Según la misiva, que también rubrican otros tres legisladores de oposición, es obvio que esa secretaría se vería envuelta en un conflicto de intereses políticos, de ahí que no sería imparcial su desenvolvimiento.

De acuerdo con el senador Joseph Lieberman, las acusaciones que recaen sobre el gobierno son razón suficiente para reactivar un equipo legal independiente como el que investigó el escándalo Watergate, del cual fue centro el ex presidente republicano Richard Nixon.

La posibilidad de realizar una pesquisa de esta naturaleza fue abolida en 1999, tras el caso Whitewater, que atañó a la administración de William Clinton.

El nuevo escándalo en el que se halla inmersa la Casa Blanca aflora también luego de hacerse pública una carta del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en la cual se asegura que el presidente Bush utilizó información desacertada para justificar la invasión a Iraq.