LA PAZ, 27 de septiembre (PL).— Cuesta arriba se perfilan hoy, por discrepancias entre las partes, los intentos de establecer un diálogo entre el Gobierno y la Confederación Campesina, en el día 12 de un bloqueo de carreteras en el Altiplano próximo a La Paz.

Mientras el cierre de vías se mantiene, por diversas demandas agrarias y contra el proyecto transnacional de exportar gas a Norteamérica a través de las costas de Chile, el Ejecutivo rechazó tratar con los labriegos el tema del energético.

La venta del gas es el común denominador de diversas protestas sociales, que continuarán la próxima semana, cuando están previstas marchas y otras demostraciones.

El equipo negociador designado por el Gobierno para la crisis e integrado por los ministros de Agricultura, Guido Añez, y Participación Popular, Mirtha Quevedo, insistió en emplazar al diálogo al líder de la central agraria, Felipe Quispe.

Al mismo tiempo, la parte oficial propuso tratar solamente las demandas rurales en forma específica y rechazó incluir en la agenda el tema del gas, según el ministro de la Presidencia, José Justiniano, porque este debe tratarse en el "Reencuentro Nacional", un proyecto de reformas y distensión promovido por la Iglesia Católica.

El plan no cuenta con la adhesión de la oposición de izquierda y las organizaciones sociales, que lo consideran insuficiente, y solo tiene el aval de los partidos de Gobierno y según la propia Iglesia Católica en esos términos es inviable.

El veto gubernamental a discutir la venta del gas con el campesinado fue rechazado por el dirigente Quispe, quien exigió ventilar el tema, por su importancia nacional, al igual que la oposición de amplios sectores sociales a la entrada de Bolivia al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El líder agrario reiteró además como condiciones del diálogo que las tropas enviadas por el Gobierno a desbloquear las carreteras sean retiradas, que se libere a los detenidos en las protestas y que las pláticas se realicen en la localidad altiplánica de Warisata, donde un choque entre militares y campesinos dejó cinco civiles y dos soldados muertos y agudizó el conflicto.

El Gobierno sólo ofrece replegar sus fuerzas si al mismo tiempo la Confederación Sindical Campesina levanta los cierres viales e insiste en que en Warisata no hay condiciones de seguridad, pese a las garantías ofrecidas por Quispe.

Entretanto, la Coordinadora de Defensa del Gas, un frente de organizaciones sociales encabezado por el opositor Movimiento al Socialismo (MAS), confirmó para el martes próximo una jornada de protesta en La Paz por la nacionalización de ese recurso.

El bloque demostró su capacidad de convocatoria hace ocho días, con una protesta nacional que paralizó al menos cinco ciudades, con el mismo objetivo, aunque el Gobierno intentó minimizar las movilizaciones.

Por su parte, el dirigente agrario Alejo Véliz, de la región central de Cochabamba, aseguró que la próxima semana los bloqueos campesinos de carreteras contra la venta del gas se extenderán a esa zona del país.

Las federaciones de cultivadores de hoja de coca del Chapare, en el centro del país, demandaron al Gobierno que solucione los conflictos sociales y ceda a la presión social, y advirtieron que, de lo contrario, cerrarán la estratégica carretera centro-oriente.

Al mismo tiempo, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó para el lunes el inicio de una huelga general por la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque varias de sus filiales adelantaron que no se participarán en la propuesta.