GUATEMALA, 17 de septiembre (PL).— Mientras el oficialismo lo justifica como una victoria y Estados Unidos como algo merecido, la recertificación unilateral de Guatemala en materia antidrogas suscita hoy críticas y dudas de analistas y sectores sociales, tanto locales como foráneos.

Componendas políticas, lobby pagado ante altas esferas de poder norteamericano por parte de Guatemala o la conveniencia de La Casa Blanca en favorecer acuerdos comerciales con Latinoamérica y, particularmente con Centroamérica, se mencionan como verdaderos móviles del cambio de actitud de Washington.

El jefe de la bancada parlamentaria del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Arístides Crespo, valoró como un logro del ejecutivo el hecho de que se le devolviera al país el pasado lunes el certificado de buena conducta en el combate a los estupefacientes.

De acuerdo con Crespo, las autoridades cumplieron la mayoría de los puntos fijados como condición por la Casa Blanca para convencerse de que esta nación centroamericana supuestamente libra una lucha eficiente contra ese flagelo.

Un documento repartido por la oficina de prensa de la embajada norteamericana sostiene que Guatemala logró cumplir, con mayor éxito en algunos temas, con los nueve requisitos establecidos, pues la meta era incautar 800 kilogramos mensuales y el domingo llegó a 825 en promedio, para un total de unas siete toneladas en ocho meses.

Varias publicaciones, por otra parte, refieren que solo cuatro requerimientos fueron cumplidos por el gobierno del presidente Alfonso Portillo: la creación de una fuerza de combate contra las drogas, permitir a Estados Unidos vigilar las costas guatemaltecas y el ingreso de sus tropas a este país.

Otro aspecto, como la incineración de estupefacientes incautados, también mostró avances, pero en temas como la construcción de una bodega para almacenar droga, la elaboración de un plan antidroga y la captura de capos del narcotráfico, se evidenciaron pocos avances.

Tampoco, se progresó lo suficiente en la creación de una ley de uso de activos decomisados, la agilización de allanamientos, la extradición de narcotraficantes y el aumento de incautaciones, según diversas fuentes.

El embajador norteamericano en Guatemala, John Hamilton, por su parte, intentó calmar los cuestionamientos de la oposición adelantándose a aclarar que la exclusión del país de la lista negra "no es un endoso a las actitudes" del ejecutivo de Alfonso Portillo.

"Fue una medida tomada sobre la base de criterios técnicos y normas establecidas de antemano", justificó Hamilton, quien obvió reavivar las críticas hechas en octubre de 2002 por funcionarios estadounidenses que involucraron a autoridades y al propio mandatario guatemalteco con el narcotráfico.

No obstante, al arremeter contra la medida unilateral de Estados Unidos, algunos expertos y funcionarios norteamericanos coincidieron en que la razón principal por la que su gobierno sacó a Guatemala de la lista negra del narcotráfico es que quiere agilizar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia con Centroamérica.

Adam Isacson, analista de asuntos de narcotráfico del Centro para las Políticas Internacionales de Estados Unidos, se mostró sorprendido y consideró que la certificación solo obedece a intereses comerciales, al tiempo que —agregó— no se verificó si se cumplieron a cabalidad las solicitudes hechas en enero pasado.

Por su parte, Frank Smyth, un periodista norteamericano citado por la prensa local, dijo que uno de los requisitos incumplidos es que no hay encarcelamiento de capos y narcomilitares, lo que aún es un obstáculo para Washington, debido a que en Guatemala se mueve la mitad de la droga que se produce en Colombia.

El martes, el director del Consejo sobre Asuntos del Hemisferio Occidental, Larry Birns, mostró su decepción ante la decisión "cosmética" de la administración del presidente George Bush.

José Pinzón, dirigente de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), señaló que las condiciones por las cuales Washington castigó a esta nación en enero no han sido superadas, "pero hay que entender que en torno a ese tema hay intereses políticos por parte del gobierno norteamericano".