GUATEMALA, 28 de julio (PL). — El Fiscal General de Guatemala, Carlos de León Argueta, anunció hoy que pedirá la destitución del ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón, por la pasividad con la que la policía actuó durante los violentos disturbios del jueves anterior.

"Incluso, si hay otros comisarios implicados en desobedecer al presidente de la república, Alfonso Portillo, también serán separados de sus cargos", señaló Argueta al solicitar la remoción del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Manchamé, a causa de la inactividad de los agentes del orden.

El jueves y viernes últimos miles de campesinos e indígenas seguidores del ex gobernante Efraín Ríos Montt irrumpieron violentamente en esta capital para exigir la inscripción del también líder del oficialista Frente Republicano Guatemalteco (FRG) como candidato presidencial para las elecciones de noviembre.

Muchos encapuchados, con palos, piedras, machetes y armas de fuego, los correligionarios eferregistas agredieron a pobladores y periodistas, acosaron a líderes políticos, mantuvieron retenidas como rehenes a unas 900 personas y dañaron la propiedad pública y privada, en un ambiente de impunidad tolerado por la policía.

Anoche, el secretario general y candidato presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Álvaro Colom, solicitó ante un juzgado de turno el enjuiciamiento de funcionarios, empleados, agentes del orden y simpatizantes del FRG por su responsabilidad en los "hechos delictivos y criminales" referidos.

De acuerdo con Colom, las autoridades deben ser sancionadas por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio, y encubrimiento propio, por lo que se debe iniciar la persecución penal de los implicados.

Este lunes, se escucharán los argumentos de Manchamé sobre los incidentes de los ya bautizados como "jueves negro" y "viernes de luto" (por un periodista muerto durante los disturbios), así como las razones por las que los agentes del orden no actuaron.

Según el director de la PNC, si se hubiera enfrentado a las turbas que protagonizaron los desórdenes, el saldo de víctimas y violencia pudo haber sido trágico.

Argueta adelantó que se están recopilando las pruebas para iniciar las acciones legales de carácter penal en contra de los responsables, entre quienes la oposición insiste en incluir al mandatario Portillo, por considerar que demoró en impartir órdenes al ejército y a la policía para que controlaran la situación.

El Código Penal señala que en caso de flagrancia, la policía debe actuar de inmediato, por lo que no hay excusa para no haber actuado con celeridad (ante los desmanes de los seguidores de Ríos Montt), puntualizó el jefe del Ministerio Público.

La población, pese a ser poco optimista en cuanto a que se castigue a los autores intelectuales y materiales de las protestas, reprocha a las autoridades haber propiciado mayor resentimiento y violencia entre los guatemaltecos, y les señala, además, el cargo de homicidio preterintencional por la muerte del citado periodista.